Más Madrid ha iniciado una ofensiva contra Isabel Díaz Ayuso. El Grupo Parlamentario comandado por Íñigo Errejón ha registrado en la Asamblea de Madrid una batería de iniciativas relacionadas con la dudosa maniobra para evitar un embargo de acreedores realizada por los Ayuso y el crédito presuntamente irregular de Avalmadrid -empresa semipública- a su padre.

La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid aceptó la donación de un piso cuyo valor catastral era de 140.547 euros (el valor de mercado es mayor), impidiendo así Avalmadrid pudiera ejercer sus derechos como acreedores ante el impago de sus padres. El caso adquiere una dimensión mayor cuando trasciende que técnicos de la compañía semipública advirtieron mediante un informe de los riesgos de la operación por posibles infracciones urbanísticas con motivo de irregularidades en la edificabilidad de una nave que el padre de Ayuso (ya fallecido) usó como aval y que ha sido objeto de una ejecución hipotecaria.

Más Madrid ha pedido la celebración de un pleno extraordinario para el 4 de julio con las comparecencias del presidente del Consejo de Gobierno en funciones y el consejero de Economía para valorar “operaciones con Arturo Fernández, Díaz Ferrán y la familia Ayuso”.

También ha solicitado las comparecencias del director general en funciones y presidente del Consejo de Administración de Avalmadrid; las comparecencias en la comisión de Economía del director general de Avalmadrid y de la directora general de Tributos de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, el grupo parlamentario ha solicitado una copia completa del expediente de préstamo concedido al padre de Ayuso, que la Cámara de Cuentas fiscalice todos los ejercicios de Avalmadrid desde 2005 y una guía completa del informe y la denuncia remitida a la Fiscalía por Avalmadrid por “operaciones concedidas a Arturo Fernández y Gerardo Díaz Ferrán”.

¿Perpetró Ayuso un delito de alzamiento de bienes?

Tal y como publicó El Confidencial, una de las empresas de los padres de Ayuso pidió un crédito de 400.000 euros a Avalmadrid, la compañía semipública en la que el Gobierno regional aportaba en torno a un 30% del capital a fin y efecto de facilitar financiación a pymes.

El préstamo fue solicitado concretamente por la compañía MC Infortécnica SL, de la cual el padre de la candidata popular es propietario al 50%. La cuantía ascendió a los 400.000 euros y se formalizó ante notario el 15 de marzo de 2011.

Una de las garantías que presentó fue una nave en Ávila cuyo valor asciende a 213.596 euros. La compañía debía devolver 100.000 euros a Avalmadrid y otros 3.000 de intereses. No lo hizo.

Los avalistas responden con sus bienes ante las deudas. Ante esto, el padre cedió el inmueble situado en Chamberí (Madrid) a Ayuso el 7 de octubre de 2015 para que, de esta manera, escapara a los acreedores. Avalmadrid no recuperó su dinero y no pudo ejecutar el embargo sobre el inmueble en cuestión puesto que fue cedido. Eso sí, la empresa semipública se adjudicó la nave del padre.

Según el artículo 257 del Código Penal, se produce un delito de alzamiento de bienes cuando se disminuye el patrimonio deliberadamente para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda.

El autor del delito es quien enajena el bien, en este caso, el padre; pero si quien recibe la cesión es consciente de que la maniobra tiene por objeto evitar el embargo, se convierte en cooperadora necesaria y participa de dicho delito. El alzamiento de bienes está castigado con penas de hasta cuatro años de cárcel.

El informe que advertía de los riesgos

Según eldiario.es, las presuntas irregularidades de la nave podrían provocar una caída del valor de la propiedad.

El padre de Ayuso pidió una tasación a TINSA, que el 12 de febrero de 2011, un mes antes de la firma del crédito, tasó el terreno en 213.596 euros pese a que se escrituró en 26.000, según el Registro de la Propiedad.

Además, el informe alertaba de que “actualmente el sector médico se encuentra en auge”, pero “la coyuntura económica y la dependencia de la Administración pública hace que las sociedades tengan que soportar fuertes tensiones de liquidez para aguantar los pagos”. En otras palabras, que la solvencia de la compañía estaba en riesgo precisamente porque su liquidez dependía de los pagos de la Administración.

Pese a todo ello, se autorizó la formalización de la operación.