Uno de los aspectos que mejor caracterizan un acuerdo, cuando se alcanza en una negociación libre y equilibrada, es que no suele causar enormes satisfacciones entre los firmantes mientras piensan cual era la posición desde la que partían al comenzar el diálogo. Y, sin embargo, resulta habitual que termine siendo defendido con gran ahínco por sus protagonistas cuando el acuerdo sobreviene.
Ciudadanos ha centrado el foco en el desarrollo de un contrato denominado "único" y el PSOE ha enfatizado la necesidad de reequilibrar el marco de relaciones laborales
Esta podría ser, sin duda, una de las características del acuerdo alcanzado el pasado martes 1 de marzo, entre el PSOE y Ciudadanos en todo un conjunto de materias que han configurado el programa laboral del pacto de legislatura. La posición de partida de cada uno de ellos podría ser resumida de la siguiente forma. Ciudadanos ha centrado el foco de su atención en el desarrollo de un contrato denominado "único" con indemnizaciones crecientes a medida que avanza la antigüedad del trabajador en la empresa como fórmula para combatir los evidentes excesos en la dualidad y la temporalidad laboral en España. Por su parte, la posición del PSOE ha enfatizado la necesidad de reequilibrar el marco de relaciones laborales tras los intensos cambios originados por la reforma laboral llevada a cabo por el PP en 2012, una política imprescindible para restablecer derechos trascendentales que han deteriorado enormemente la posición y la capacidad de defensa de los trabajadores en un contexto de crisis tan intensa como la vivida en España desde hace ocho años.
Por supuesto existían también antes del comienzo de la negociación claros puntos de conexión y acuerdo en las ofertas electorales de ambas formaciones políticas. El más claro es el que se refiere a la necesidad de dotar de un impulso extraordinario a las políticas activas de empleo. Unas políticas que en España ha sufrido un recorte muy intenso durante la pasada legislatura y que es necesario desarrollar al menos en la misma medida en que necesitamos modernizarlas. Un buen servicio público de empleo -en gran parte descentralizado en el ámbito autonómico- tiene que desarrollarse si no queremos condenar a la inactividad a buena parte del desempleo de larga duración generado por la crisis entre nuestros jóvenes y también entre los desempleados mayores de 45 años. Un servicio público capaz de colaborar con el sector privado -aquí el esfuerzo necesario es de tal magnitud que no hay riesgo de que uno sustituya al otro- y unas nuevas políticas de formación, de reciclaje, de perfilado y de atención personalizada a los desempleados. Este es, en nuestra opinión, uno de los aspectos más lúcidos de entre los contenidos en el Acuerdo.
La reforma laboral de 2012 permitió que la decisión unilateral del empresario pudiera afectar también al salario sin ningún tipo de limitación, y la preferencia del convenio de empresa sobre los convenios sectoriales
La reforma de la negociación colectiva es un aspecto en el que la necesidad de reequilibrio es más evidente y urgente. La reforma laboral de 2012 ha desarticulado de forma intensa buena parte de las bases sobre las que descansaba el equilibrio en nuestro sistema de relaciones laborales. Hizo desaparecer la ultraactividad del convenio colectivo permitiendo la desprotección de los trabajadores mientras que se llevaba a cabo la negociación de un nuevo acuerdo colectivo, permitió que la decisión unilateral del empresario pudiera afectar también al salario sin ningún tipo de limitación, y la preferencia del convenio de empresa sobre los convenios sectoriales puede abarcar también, desde entonces, a aspectos fundamentales como el salario o la jornada laboral pactada. El acuerdo enmienda totalmente este conjunto de medidas adoptadas entonces, sin ningún tipo de diálogo social ni consenso político, por el gobierno que hoy está en funciones. En términos generales, puede afirmarse que con la propuesta PSOE-Ciudadanos se vuelve a la situación previa existente con anterioridad a la reforma de febrero de 2012. A esto es a lo que nos referimos al hablar de derogación de una norma, pues caben pocas dudas de que tras la aplicación de la propuesta esto es lo que sucedería con la parte más importante del Título III del Estatuto de los Trabajadores, el destinado a regular la negociación colectiva, tal y como quedó tras la reforma de 2012.
Un nuevo contrato, denominado estable y progresivo, sustituiría a los actuales contratos temporales
El tercer gran aspecto destacable del acuerdo es el que se refiere a la reforma de la contratación temporal. Aunque el texto del pacto mantiene la necesidad de caminar hacia la renovación de nuestro marco laboral a través de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, se avanza en una dirección que creemos esencialmente correcta en el campo de la contratación laboral. Un nuevo contrato, denominado estable y progresivo, sustituiría a los actuales contratos temporales. Su duración máxima sería de dos años y la indemnización al finalizar el contrato sería de 12 días el primer año y de 16 el segundo (frente a los 12 días actuales). Se crearía un fondo, similar al austríaco, en el que se asegurarían las indemnizaciones correspondientes a 8 días de salario por cada año de antigüedad, un nuevo derecho que el trabajador podría mantener hasta el momento de su jubilación si no lo percibe a lo largo de su vida laboral. Junto a ello, un sistema de cotización que penaliza a las empresas que más intensamente utilizan la contratación de corta duración y el uso del sistema de protección por desempleo, completaría una distribución de los estímulos a favor de la contratación indefinida y en contra del abuso de la contratación temporal o el exceso de rotación laboral en nuestras empresas.
Es, sin duda, posible imaginar otro tipo de equilibrios en una negociación como la que se ha llevado a cabo. Que dos partidos políticos como el PSOE y Ciudadanos hayan sido capaces de trazar un territorio común sobre el que hacer transitar las relaciones laborales en España durante los próximos años debería ser algo bien recibido. Naturalmente, caben reacciones críticas. Pero que las objeciones negativas de Podemos hayan sido sucedidas por las realizadas desde Moody’s en ese lenguaje acartonado que suele caracterizar a las agencias de calificación (tachando el acuerdo de retroceso respecto a los “avances” de la reforma laboral del PP en 2012), contribuye a dar una idea del territorio en el que se mueven las políticas establecidas en el acuerdo.
Manuel Chaves y Valeriano Gómez fueron Ministros de Trabajo, Santos Ruesga es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid
