Entre este lunes 19 de febrero y el marte 20, desfilarán ante el juzgado de Instrucción número 5 de León 13 de los 14 exconsejeros de Caja España imputados por un supuesto delito de administración desleal. En concreto, se investigan créditos al empresario y entonces presidente de la entidad bancaria, Santos Llamas, por valor de 70 millones de euros. Solo uno se libra de prestar declaración en estas fechas. ¿Quién? Fernando Martínez-Maíllo.

El coordinador general del Partido Popular, por su condición de aforado, ya que es diputado, deberá responder en otra fecha y frente al Tribunal Supremo.

Las acusaciones particulares personadas en el caso son Izquierda Abierta y Ecologistas en Acción. Desde IU esperan que los exconsejeros sean juzgados porque entienden que hay indicios de delito. De hecho, Ana Peñalosa, abogada de la formación, en declaraciones a EFE ha asegurado que “dicen lo contrario al informe aportado por las defensas en el sentido de que, con la llegada de la crisis, se optó por refinanciar los créditos concedidos a Santos Llamas porque era la opción menos dolosa para la entidad”, y añade: “suponemos que solo contestarán a las preguntas de sus abogados”.

La no declaración de Maíllo coincide en el tiempo con el PP inmerso en un discurso sobre la “transparencia” en el que insiste en profundizar en la financiación de sus principales socios, Ciudadanos, con quienes mantienen una guerra abierta desde el pasado 21D (y que cada día que pasa se acentúa más).