Tapado.., o más bien, disimulado tras el escándalo Dívar, la realidad es que lo que está perturbando, y mucho la vida, de la magistratura española es esto: cómo se va a formar el nuevo CGPJ; si este órgano de gobierno de los jueces va a seguir siendo controlado por las Asociaciones Profesionales, o si, por el contrario, los nombramientos se van a decidir por el Congreso de los Diputados.

¿Mandan las asociaciones de jueces o el Congreso de los diputados?
Hace un par de meses, Gallardón parecía inclinado a dejar que fueran los jueces quienes pasaran a ejercer ese control mediante el nombramiento de los vocales que forman el CGPJ. Pero, sin que la razón para este cambio haya quedado clara, lo cierto es que en las últimas semanas el ministro parece haber dado un giro de 180º, y ahora parece inclinado por unirse a la tesis sostenida históricamente por el PSOE, según la cual debe ser el Congreso el que nombre a los miembros del CGPJ.

Los socialistas apoyan esta posición porque consideran que así, aunque actúen independientemente a partir de ese momento, también el Gobierno de los jueces sería elegido conforme a lo expresado por los ciudadanos en las urnas. La mayor parte de los integrantes de las llamadas Asociaciones Profesionales –la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM); la progresista Jueces para la Democracia (JpD) y la minoritaria conservadora centrista Francisco de Vitoria- se oponen, y propugnan que la elección se realice directamente por los miembros de la judicatura, o, en todo caso, como sucede ahora, por los diputados, pero eligiendo de entre los nombres de las listas que las propias asociaciones propongan.

Amenazas de huelga
Esta discrepancia, aunque no se ha expuesto así públicamente, es la que realmente ha llevado a jueces y fiscales a lanzar amenazas de realizar huelgas de celo primero, e incluso huelgas completas después si su reivindicación no es atendida. No todos los jueces comparten, como decimos, lo que propugnan las asociaciones profesionales, pero sí que es indudable el peso que estos grupos tienen, en especial en los organismos de mayor repercusión y representatividad.

Moliner se va a encontrar con este problema para inaugurar su mandato. Un problema que, además tiene que afrontar al tiempo que maneja otro: pacificar la casa después del ‘affaire Dívar’. Puesto que él llega del Supremo y no era vocal del CGPJ, está limpio de pecado por lo sucedido durante estas semanas, pero sí que hereda la división que vive el órgano de poder de la magistratura. Una división que quedó clara en su nombramiento, que se concretó con un muy ajustado margen.

“Llega con intención de presidir”
En este sentido, según ha dicho a ELPLURAL.COM una fuente de la magistratura, que conoce además bien al nuevo presidente del CGPJ, “él sabe que no todos le han votado, pero también que le ha votado la mayoría, y llega con intención de presidir; el pulso, en ese sentido, no le va a temblar”. Lo que quería decir esta persona –lo mismo que nos han dicho otros conocedores de la crisis actual de la judicatura española- es que Moliner viene preparado para ser dialogante, lo que es una de sus características más destacadas por todos quienes le conocen, pero también a ejercer el poder que le da su cargo.

Es cierto que Moliner, que es miembro de JpD ha sido elegido no sólo con los votos de sus compañeros ideológicos, sino también con votos de los otros dos grupos. Él mismo lo ha reconocido tras su toma de posesión –“a todos mi agradecimiento, me hayan votado o no, pero yo ahora soy el presidente de todos”, ha dicho-, y ha recordado que, en efecto, no sólo han sido los de “su familia” (Jueces para la Democracia) los que le han votado, sino que también ha habido quienes de esta asociación –especialmente significativo el caso de Margarita Robles y “su grupo”- han votado a otros candidatos - “ha habido de todo, como en botica”, ha reconocido-.

Las heridas abiertas en “su familia”
Esa posición dialogante tendrá que empezar a ejercerla Moliner, por tanto, hacia abajo, con los magistrados y sus propios compañeros del CGPJ –hay que ver si el malestar que ha provocado su nombramiento en algunos vocales, paradójicamente sobre todo entre los miembros de “su familia” cicatrizan-, y hacia arriba con el ministro, con quien tendrá que coordinar esa reforma que Gallardón quiere poner en marcha.