Tras la sentencia del TJUE, la Sala II del Tribunal Supremo, en particular su Presidente Manuel Marchena Gómez y el juez instructor de la causa Pablo Llarena Conde, esperan en silencio a que vayan llegando las alegaciones que sobre el pronunciamiento del Tribunal comunitario han solicitado a las partes personadas. 

Uno y otro son conscientes, aunque algunos les jaleen para que el humo les ciegue sus ojos, que sus respectivas carreras judiciales han quedado tras esta sentencia muy contaminadas por decisiones que en su momento tomaron a sabiendas que más pronto que tarde iban a ser revisadas y cuestionadas por instancias superiores. 

Pero mientras esto sucede en la Plaza de las Salesas, la derecha extrema y la extrema derecha desconcertados por el alcance que en su estrategias electorales pueda tener esta decisión han relanzado su alocada carrera mediática para desviar y derivar las responsabilidades y sus consecuencias a los ganadores de las elecciones del 10N y a sus potenciales socios de investidura. 

No hay día que las descalificaciones no hayan crecido en las formas y en el fondo. La última la podemos constatar en el articulo de Fulgencio Coll, ex general en la reserva y concejal de Vox en el Ayuntamiento de Mallorca que entre el 18 de julio de 2008 y el 27 de julio de 2012 ocupó la jefatura de Estado Mayor del Ejército de Tierra. De forma velada hace un llamamiento supuestamente “constitucional” para impedir que Pedro Sánchez pueda ser elegido Presidente del Gobierno. 

Y es que nadie debe sorprenderse de lo que está sucediendo. Somos cada vez más los que llevamos tiempo advirtiendo que entre la derecha judicial y la parlamentaria hay unas complicidades, confabulaciones y connivencias fuertemente consolidadas en el tiempo que han favorecido sin tapujos que desde hace años las cúpulas judiciales (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA y un buen número de Presidentes de las Audiencias Provinciales ) hayan sido ocupadas por jueces conservadores.   

Los nombramientos llevados a cabo por el actual CGPJ, desde hace un mes en funciones, desde que en el 2012 Carlos Lesmes fue elegido su Presidente despejan cualquier duda al respecto. Y como ejemplo, los dos protagonistas de esta crónica : Marchena y Llarena

En sus respectivas biografías podemos constatar que sus nombramientos en la Sala II del Tribunal Supremo coinciden o bien con un CGPJ formado por una amplia mayoría de vocales conservadores y/o con un gobierno presidido por Rajoy. Veamos algunos datos de interés :

Manuel Marchena Gómez

Marchena con Gallardon

2007-2012. En enero del 2017 es nombrado Magistrado Tribunal Supremo, proveniente de la carrera fiscal. Designado por el Consejo General del Poder Judicial para cubrir la vacante por jubilación de José Antonio Martín Pallín. Entre los Consejeros que en ese momento formaban parte se encontraban Enrique López López,  actualmente Consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso o Juan Pablo González González, años después recusado en el Caso Gürtel por sus vinculaciones con el PP.  En estos momentos preside la Audiencia Provincial de Madrid.

2012. Nombrado a propuesta del Ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón por acuerdo del Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy Presidente de la Comisión institucional para la elaboración de una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2014-2019. En septiembre del 2014 es elegido Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo gracias a la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial. De la terna de candidatos, Marchena era el que menos recorrido tenía como magistrado. Conde-Pumpido, el magistrado más antiguo de la Sala de lo Penal, obtuvo el apoyo de los siete vocales progresistas. Marchena sumó los votos de los 10 vocales propuestos por el PP, la vocal a propuesta de CiU y el del conservador Presidente del CGPJ y del SupremoCarlos Lesmes. El  tercer candidato, Miguel Colmenero, obtuvo el apoyo de Enrique Lucas, vocal del Poder Judicial a propuesta del PNV. En ese momento era Ministro de Justicia, su buen amigo Rafael Catalá Polo.

Además de estas coincidencias no está de más recordar que en el año 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanosrevocó una condena por un delito de desobediencia contra el ex Presidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa Mendiola que en el 2008 le había impuesto la Sala II Tribunal Supremo, siendo instructor el propio Marchena.

2018. El 17 de noviembre el Portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó envía un watshapp a los miembros de su Grupo Parlamentario confirmándoles que Catalá sería el nuevo Presidente del CGPJ y Tribunal Supremo.  Dos día después de publicarse Marchena firma una carta renunciado a presentarse.

2019. En el pasado mes de octubre fue reelegido por el mismo CGPJ aunque en esta segunda ocasión era el único candidato. 

Pablo Llarena Conde

Pablo LLarena

2016. En enero , coincidiendo como Ministro Rafael Catalá, fue designado magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el Pleno del Consejo General del Poder JudicialSu nombramiento fue recurrido vía contencioso administrativo en marzo del 2016 por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia alegando que su designación vulneraba dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tres artículos de su Reglamento de nombramientos, la Base Primera de la convocatoria para cubrir la plaza, y otros tres artículos de la Constitución Española. Según los denunciantes el origen del contencioso tiene su origen en la Comisión Permanente del Consejo donde se decidió la terna que lo propondría como candidato a la Sala a pesar de que una vocal se opuso por varias cuestiones, entre otras, las relacionadas con la probada amistad entre Lesmes Presidente del CGPJ  que se había ausentado con varios de los candidatos y el propio Llarena. En el Pleno del 28 de enero se debatió sobre el procedimiento por el que se había llegado a la propuesta de Llarena para la plaza, ya que de entrada se había decidido excluir a ocho de los trece candidatos al puesto. Tras una tensa discusión el nombramiento de Llarena obtuvo  16 de los 21 votos del Pleno, frente a uno conseguido por Enrique López y otro para Leopoldo Puente. Tres vocales votaron en blanco. El 27 de marzo de 2017 la Sala III del Tribunal Supremo desestimó por falta de legitimidad el recurso de Jueces y Juezas para la Democracia

2017. El 31 de octubre, tras admitir la querella de la Fiscalía contra Carme Forcadell i Lluis, Presidenta del Parlament de Cataluña y otros cinco miembros de la Mesa, la Sala de lo Penal presidida por Marchena y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre y Luciano Varela Castro, decidió “ designar Instructor, conforme al turno establecido, al Magistrado de esta Sala Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde, a quien se le comunicará dicha designación a los efectos oportunos”Su designación como instructor también ha estado marcada por la polémica dada la interpretación que Marchena hizo del Acuerdo de la Sala de Gobierno, de 21 de diciembre de 2016, relativo a la composición y funcionamiento de las Salas y Secciones del Tribunal Supremo y asignación de ponencias que deben turnar los magistrados en el año 2017. En este caso se designó al magistrado con menor antigüedad (Llarena) frente a otros 5 que estaban por delante de el.

Sobre su instrucción en el Caso del Procés, incluso sus más fieles seguidores, reconocen que algunas de sus decisiones no han sido especialmente brillantes ni afinadas lo que ha provocado más de un enfrentamiento con instancias judiciales de otros países miembros de la UE.

Vamos acabando ya no sin antes recordar que en esta crónica sobre la actualidad judicial somos conscientes que no están todos los que son y que son muchos más los que han ayudado a la Sala II del Tribunal Supremo a alcanzar sus mayores cotas de desprestigio. En próximas entregas iremos despejando las dudas sobre los susodichos.