El 11 de mayo del 2017, las fiscales anticorrupción adscritas al Caso Púnica dirigían al juez Velasco un escrito en el que le solicitaban que se practicaran una serie de diligencias. Por lo que respecta al Gobierno de Cifuentes las fiscales afirmaban que “hemos comprobado en otros requerimientos a la CAM que existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas en la CAM y orgánicas en el partido regional. El Juzgado conoce las dificultades para obtener información fiable de la CAM. Se ha llegado a producir por la Dirección General de Medios la pérdida o extravió de los informes contratados con la sociedad EICO de Alejandro de Pedro, sin que la CAM, personada en las actuaciones haya realizado ninguna manifestación. La última documentación recibida de NUEVO ARPEGIO en octubre del pasado año volvió a presentar inconsistencias y carencias en la línea documental de los expedientes, que nos hacen pensar que existe más información que la que se transmite (…) las razones expuestas nos conducen a pensar, que se hace difícil confiar que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la CAM”.  

Para los más olvidadizos recordarles que cuando las fiscales firmaban este escrito, el Gobierno de la CM desde hacía mas de año y medio estaba presidido por Cristina Cifuentes que desde entonces hasta hoy ha ido multiplicado los incidentes con el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional que mira por donde además instruye el Caso Lezo que también afecta directamente a la CM y al Partido Popular.

Sin animo exhaustivo en estos meses se han perdido o destruido camino de la Audiencia Nacional  por "causa voluntaria o involuntaria" expedientes solicitados de la empresa pública Arpegio y adjudicaciones que afectaban a Jaime González Taboada, exconsejero de Cifuentes. Según la versión oficial esos papeles se hallaban en un armario de la Dirección General de Administración Local y fueron destruidos como parte de la habitual eliminación de documentos antiguos.

Tiempo después se volvieron a extraviar algunos documentos relativos a  la financiación ilegal del PP que se investiga en la PS 4 del Caso Púnica. Valgan como ejemplo dos de ellos. El primero, según la Consejería de Economía, un expediente de adjudicación a una empresa de Daniel Mercado, el empresario que ha reconocido en varias ocasiones ante el juez que había financiado ilegalmente al PP de Madrid. El segundo afecta a varios contratos relacionados con las adjudicaciones del Campus de la Justicia que al igual que los anteriores el Ejecutivo de Cifuentes aseguró no había localizado ".

El más reciente de estas perdidas tiene que ver con el supuesto “extravío” durante más de 5 meses de un escrito del juez en el que responde a una consulta hecha por el propio Gobierno de Cifuentes. En su escrito el juez con el apoyo de la Fiscalía comunica a los servicios jurídicos de la CM que “el Juez solo puede pronunciarse sobre la aportación de documentos que consten en el sumario judicial, a los que solo puede tener acceso las partes personadas . La petición de documentos que realiza la Comisión Anticorrupción de la Comunidad de Madrid no están incluidos en el sumario y su entrega se rige por disposiciones administrativas sin que el Juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación”. El escrito está firmado el 18 de agosto pasado y comunicado ese mismo día vía Fax.

Como se puede constatar en la cronología de hechos que sobre este asunto os hemos reconstruido la gravedad de este último incidente no es solo la perdida de un escrito de un juez, lo que por si mismo ya es suficiente grave. El problema de fondo que refleja este episodio es que una vez más sobre asuntos de corrupción que afectan a Cristina Cifuentes, ya sea por sus responsabilidades directas en la adjudicación de contratos al empresario Arturo Fernández durante su etapa como Vicepresidenta de la Asamblea, ya sea por sus vinculaciones orgánicas con el Partido Popular durante los años en los que se investiga su financiación irregular en los casos Púnica y Lezo, se reproducen un día si y otro también sospechosas perdidas de expedientes administrativos que cuando llegan si es que lo hacen a los investigadores llegan mal y tarde.

Todo ello además aliñado con el hecho insólito : tanto la Comunidad de Madrid, personada como acusación particular en ambos casos, como el Partido Popular están presididos por la propia Cifuentes. Es decir, la misma que tiene que acusar a ex compañeros suyos por el dinero robado a las arcas publicas es la que simultáneamente tiene que defender a las siglas que han dado cobertura a estos ladrones de cuello blanco. Ver para creer.

Y mientras todo esto se sabe y sucede, sus hooligans retribuidos, tanto en su Gobierno como en su GPP de la Asamblea, se rasgan con descaro y cinismo sus vestiduras y un día deciden salirse de la Comisión de Investigación, otro cesar a un funcionario que pasaba por allí culpándole del error de perder el escrito del juez y siempre lanzando soflamas sobre las malas practicas parlamentarias de la pérfida Oposición.

Pero volvamos a Cifuentes. Desde hace años los www.losgenoveses.net hemos documentado como su trayectoria está repleta de episodios oscuros, nunca aclarados y que en cualquier otro país haría tiempo que tendría que haberse retirado de la actividad pública, como por ejemplo, sus vinculaciones obvias con el Tamayazo o la promoción profesional a la carta que le sirvieron sus amigos en la Universidad Complutense.

Pero lejos de retirarse a un quinto plano, su afán de notoriedad, su soberbia a granel y su narcisismo galopante la mantienen a flote. Y es que como buena aprendiz de bruja que lo es y con las malas artes que ha aprendido de sus maestros genoveses de cabecera ( Gallardón, Aguirre y González ) Cifuentes se defiende a gritos descalificando a todo aquel que la critica con datos en mano. Da igual que sea la UCO que por escrito ha reiterado al juez que ha cometido cohecho y prevaricación en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid o la Oposición por solicitar que comparezca en la Comisión de Investigación. Todo se reduce a gritar y a sobreactuar negando que ella tenga algo que ver con la corrupción aunque para ello tenga que traspapelarla. Y en esas estamos.

PD. Al quite con la próxima declaración voluntaria ante el juez de Púnica de Francisco Granados.