Este sábado 9 de marzo finalizarán las votaciones de las primarias y se conocerá al candidato de Ciudadanos para la Junta de Castilla y León. La escogida por la militancia podría ser Silvia Clemente, uno de los últimos flamantes fichajes naranjas. Expresidenta de las Cortes de Castilla y León, dejó el PP para acabar en las aguas de Ciudadanos. Pero la charca no está en calma, sino más bien revuelta. Y es que, Clemente trae consigo un sinfín de escándalos. En ElPlural.com ya hemos recordado que un informe de la UDEF la señala en el seno del caso Gürtel y su aversión a los periodistas. Ahora, recuperamos la polémica con sus facturas -que le costó el calificativo de derrochadora en diversos sectores-.

Este periódico publicó en 2011 que Silvia Clemente, como consejera de Agricultura y Ganadería, cargó a la Junta el coste de collares, pulseras, jerseys, cenas de Navidad, aperitivos y otros caprichos personales.

Según unas facturas que fueron fotocopiadas por una funcionaria, entre 2008, 2009 y 2010 Clemente gastó un total de 8.505 euros de dinero público en collares, pulseras, lentes oftálmicas y otros objetos. A esto, habría que sumarlo comidas de Navidad y más de 1.000 euros en aperitivos.

La consejería de Agricultura y Ganadería reconoció haber pagado las facturas del dossier publicado, pero matizaron que el bolso no era tal, sino que se trataba de una funda para el ordenador; y que el iPod era para el gabinete de prensa y no para protocolo.

Asimismo, otras cinco facturas fueron giradas por el El Corte Inglés, pero la consejería aseguró que no se pagó ninguna de ellas. En este caso, se trataba de una sobrecamisa reversible, una cazadora, una camisa, joyas, un jersey y un reloj.

En su momento, Silvia Clemente se limitó a decir que no comentaba informaciones procedentes de las cloacas.

La Junta de Castilla y León expedientó a la funcionaria que filtró el dossier con las facturas. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción remitió la denuncia en 2011 a la Fiscalía autonómica y, finalmente y tras investigar las facturas, se acordó archivar las diligencias tras considerar que no existió irregularidad o delito alguno.