Las distintas opciones políticas ultiman sus candidatos y listas de cara a las elecciones generales del 28 de abril y para las autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo. Los movimientos tránsfugas están siendo la tónica habitual. En este sentido, Ciudadanos ha fichado a Silvia Clemente expresidenta de las Cortes de Castilla y León y del Partido Popular. Clemente concurrirá a las primarias naranjas para ser candidata a la presidencia de la Junta, pero no lo hará exenta de polémica. Muchos son los escándalos que la salpican directa o indirectamente, entre los que destacan su aversión a los periodistas, un informe de la UDEF que la señala en el seno de la trama Gürtel, las subvenciones a su marido… En esta mini-serie titulada Los escándalos de Silvia Clemente, recopilaremos algunos de ellos, empezando por la complicada relación con los profesionales de la información.

La pasada semana, la candidata a las primarias naranjas comunicó que rechaza de plano la participación activa en medios de comunicación durante el proceso interno. Clemente considera que puede fomentar los ataques “al tan necesario proyecto de Ciudadanos, a su imagen y a su unidad”.

Se escuda en que prefiere “aprovechar los días de campaña interna para dirigirse a los militantes en cada una de las provincias de la comunidad".

Pero la reticencia de Clemente con respecto a los periodistas no es nueva. 

En mayo de 2013, según publicó eldiario.es, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mediante la cual se condena a la Junta de dicha comunidad autónoma a pagar más de 140.000 euros a un periodista que fue despedido de la consejería de Agricultura y Ganadería durante la etapa de Clemente.

Desglosado, el Juzgado de los Social de Valladolid impuso el pago de 110.430 euros además de los salarios de tramitación, 124,78 euros diarios (en suma 37.933 ya que su despido se ejecutó el 4 de julio de 2011). Además de esas cuantías, el Supremo condenó al Gobierno autonómico a sufragar los gastos procesales.

Ambos juzgados entendieron que se trató de un despido improcedente. ¿El motivo? Se alegaron razones económicas, pero se contrató más personal.

En julio de 2011 la Junta de Castilla y León aprobó una terna de medidas austericidas entre las que se encontraba el cese del periodista, quien llevaba trabajando en diversos departamentos desde 1991. Según el citado diario, el entorno de Clemente le había señalado como el posible filtrador de un dossier contra ella, y ese fue el motivo de su despido.

El argumento de los recortes no lo compraron los tribunales ya que el mismo día que se le despidió, el Gobierno regional dio orden de contratar a otros 13 periodistas.