Igual que cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo, la COVID19 ha desvelado una crisis sanitaria por las carencias y fallas de nuestro sistema. Llevamos décadas viviendo plegados sobre nosotros mismos, en una esfera de individualismo que ha cerrado muchos espacios de reflexión sobre el modelo de vida actual, que está centrado fundamentalmente en la propiedad, la producción y el consumo. Este marco lleva desde el siglo pasado obviando (o al menos invisibilizando) las realidades de más especial vulnerabilidad: mayores, menores y dependencia. Decaimientos con un denominador común: todos están relacionados con la atención de las personas.
Otro punto de confluencia es el factor territorial. La vejez en España encuentra su epicentro en el noroeste del territorio, concretamente en Castilla y León que es, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), la segunda comunidad autónoma más envejecida del país. Por ello, puede ser un marco referencial para analizar esta cuestión y extraer diagnósticos que nos sirvan de guía para elaborar políticas estratégicas en clave nacional.
Pues bien, Castilla y León es un ejemplo del modelo de gestión esencialmente privado de este sector. El gobierno autonómico no ha creado ninguna residencia pública y aquellas con las que cuenta en esta modalidad son las transferidas por el estado. Además, la mayoría de las que son de titularidad pública están gestionadas de forma privada.
Ahora hagamos un repaso por la evolución legislativa en el ámbito de los centros residenciales para personas mayores en la comunidad autónoma: los requisitos para crear un espacio de estas características estaban recogidos en el Decreto 14/2001 de 18 de enero, regulador de las condiciones y requisitos para la autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para personas mayores. Pues bien, este fue sustituido en 2016 y posteriormente en 2017 por una norma mucho más laxa permitiendo que en Castilla y León sea más sencillo fundar un centro para personas mayores que un alojamiento turístico.
Este hecho da buena cuenta de las condiciones que rodean el mundo de la atención a las personas mayores. La realidad demuestra que nos encontramos, por un lado, un sector fundamentalmente privado y por otro la colaboración de las administraciones, en este caso la Junta de Castilla y León, que lleva apostando lustro tras lustro por este modelo de gestión incentivándolo desde lo público. Aunque existen casos de éxito en residencias privadas donde la gestión de la crisis sanitaria ha sido adecuada, pervive una deshumanizada complicidad público – privada que se revela tan evidente como ineficiente.
Además, que el acceso a los cuidados profesionalizados esté condicionado a la capacidad económica ahonda en dos vertientes de la desigualdad: la de quienes los requieren y la de quienes, por no poder acceder a esta atención, tienen que asumirlos. Todo ello aliñado con una falta de dotación económica suficiente de la Ley de Dependencia, vanguardista en su redacción, pero que, sin financiación, es un jarrón chino en un rincón. Esta realidad pone de relieve que las clases más humildes están abocadas a repartir los cuidados en el ámbito de la familia, que concretamente recaen en las mujeres: madres, hermanas e hijas que tienen que dejar su vida para dedicarse a cuidar hijos, padres o familiares dependientes.
Siguiendo en esta línea, también debemos preguntarnos cuál es el modelo de atención a la vejez que impera en estos centros. Es evidente que no se cuenta con muchos espacios para la innovación; se trata generalmente de emplazamientos dedicados de forma casi exclusiva al cuidado asistencial mínimo, no así a la promoción del desarrollo personal o la integración en el entramado social. Por suerte, en este sentido no son pocas las iniciativas que nos permiten ser optimistas a nivel local. Por ejemplo, en León contamos con experiencias que apuestan por la atención desde la autonomía, la participación, la integración y la seguridad con el fin de asegurar la calidad de vida. Son dechado de ello el centro de día de Matanza de los Oteros o el proyecto asistencial de Laguna de Negrillos, que plantean el envejecimiento activo como base de los servicios en sendos centros. Ahondando en estos conceptos innovadores, San Emiliano de Babia ha puesto en marcha la creación de un espacio que pretende asistir adaptándose a las peculiaridades de la montaña y que, más allá de ser un mero espacio residencial, busca cubrir necesidades como los servicios de lavandería o comida sin que las personas objeto de atención se vean desarraigadas de su entorno, lo cual también ayuda a evitar la pérdida de población.
En este sentido, la pro inicia de León tiene la capacidad de ser un vector innovador a través de La Ciudad del Mayor, un proyecto diseñado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que basará la atención de la tercera edad en la innovación y la optimización de las oportunidades de bienestar físico y mental con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable basando todo ello en la investigación científica.
Sin duda, existen realidades sociales y sanitarias vinculadas a la vejez que pueden y deben ser abordadas desde el punto de vista de la ciencia y que requieren inversiones públicas como las que hemos mencionado. En este sentido, La Ciudad del Mayor cuenta con todas las condiciones para ser el marco estatal que, una vez alcanzada una elevada esperanza de vida en las últimas décadas, cambie el paradigma hacia un concepto de vejez vinculado a la calidad de vida y la dignidad, lo cual pasa por abordar desde la investigación patologías vinculadas a la edad. Un ejemplo de estos padecimientos es el miedo a caerse (MC) que tiene unas consecuencias negativas en la funcionalidad, en la sensación subjetiva de bienestar y, por tanto, limita enormemente la autonomía de las personas afectadas.
Resulta también destacable que esta concepción de los servicios sociales se traduce en la creación de un tejido laboral directo e indirecto muy interesante, porque la apuesta por el bienestar y el progreso es una apuesta ganadora, generadora de valor real para toda la sociedad. La promoción del bienestar puede convertir en lugares estratégicos territorios profundamente deprimidos hoy en día. Sin duda, el avance en este campo es tan transversal que puede ser una oportunidad para algunos lugares asolados por la despoblación y la desindustrialización. Además, revolucionar la atención a la vejez tiene un indudable impacto en la mejora de la configuración social, en la corresponsabilidad y el fomento de la igualdad.
En definitiva, el futuro del proyecto socialdemócrata pasa por sacar la atención social del ámbito de la familia, pasa por entender que, igual que la educación o la sanidad, la atención de los estratos más vulnerables de la sociedad tienen que estar en la agenda de lo público si queremos garantizar la igualdad o el derecho a la salud. No puede ser que sigamos asumiendo con total naturalidad que las mujeres sean las encargadas (por obligación endémica) de hacer funcionar el sistema, todo ello sin apenas derechos ni remuneración, porque, sencillamente, no es justo. Avanzar en democracia significa también dignificar, generar oportunidad y ampliar los márgenes del Estado del Bienestar. Ojalá esta gran desgracia del trágico coronavirus, que tanta vida nos ha arrancado, sirva para que las políticas del cuidado sean una apuesta imprescindible, vinculadas a la dignidad y al respeto por la vida. De los que hablamos, bien lo merecen.
