El municipio madrileño de Valdemoro, junto con el resto de localidades del área del influencia del Hospital Universitario Infanta Elena (HUIE) -Ciempozuelos y San Martín de la Vega-, suman más de 120.000 habitantes, concentran 15 residencias de mayores y, por tanto, tienen un alto número de población de riesgo de contagio por coronavirus. A ello hay que añadir el hecho de que Valdemoro registró uno de los primeros focos de contagio en España - el 1 de marzo, en el Centro Municipal de Mayores, que fue clausurado de manera inmediata-. Valdemoro es asimismo el quinto municipio de la Comunidad de Madrid con más incidencia acumulada de COVID-19 -1.119 casos por cada 100.000 habitantes-. De ahí la importancia del plan específico y cobertura sin restricciones con el que contaron las 15 residencias de la zona.

El HUIE, situado en Valdemoro, llevó a cabo una exhaustiva y anticipada planificación para la gestión de la epidemia en esta localidad, elaborando un plan específico de atención a las residencias sociosanitarias de su área, conscientes de la gran concentración de población vulnerable en estos centros. Una actuación que permitió dar una cobertura sin restricciones entre los pacientes de la zona en los momentos de mayor incidencia, incluidos los mayores de las residencias de la zona que lo tienen como centro hospitalario de referencia.

Esta planificación y ágil gestión le ha permitido atender desde el 1 de marzo que registró al primer paciente positivo para Covid-19 hasta el 8 de junio a un total de 983 pacientes por coronavirus. De estos, 223 procedían de residencias sociosanitarias (el 23%), de los cuales ingresaron 181, lo que representa una tasa de ingresos del 69% del total atendido en el centro hospitalario.  Con una tasa de ingresos desde el servicio de urgencias del 73% para los pacientes de residencias, frente al 24% de los pacientes no procedentes de residencias. De las 160 altas de pacientes de residencias, más de la mitad tenían edades comprendidas entre los 80 y los 105 años.

Desde el hospital se planificó detalladamente la asistencia a las residencias de mayores, se constituyó un equipo formado por médicos y enfermeras, coordinados por el Geriatra Consultor, que estaban en contacto permanente con los centros. Todos los días se trasladaban a los centros sociosanitarios llevando medicación, equipos de protección y otros tipos de equipos; valoraban in situ a los pacientes y se tomaban las decisiones oportunas de manera individualizada; en todos aquellos pacientes que lo necesitaron, se organizó allí mismo el traslado al hospital.

Se proporcionó asesoramiento clínico al personal de las residencias, incluso información a los familiares de los mayores cuando desde los centros lo solicitaban. El asesoramiento ha ido más allá de los aspectos relacionados con el  Covid-19, dadas las multipatologías que presentan buena parte de los mayores en residencias.

El diagnóstico preciso ha sido uno de los objetivos prioritarios y para ello se realizaron test de PCR desde el primer momento, a los pacientes con síntomas de coronavirus. También se activó un protocolo para efectuar pruebas diagnósticas a los trabajadores de las residencias

Todos los residentes afectados de Covid-19 han recibido tratamiento, bien en el HUIE o en la misma residencia, cuando su proceso no requería  ingreso hospitalario. En estos casos, desde el hospital se ha enviado a las residencias los fármacos de uso hospitalario necesarios.

El Departamento de Bioética Clínica (DBC) del hospital Infanta Elena elaboró el 10 de marzo un documento, titulado como “Consideraciones éticas del Departamento de Bioética Clínica del HUIE acerca del manejo de pacientes que puedan precisar asistencia en unidades de cuidados intensivos” y dio cuenta del mismo a las autoridades sanitarias, instituciones colegiales y Comité de Bioética Nacional. En él detallan cómo hacer frente a la situación crítica generada por la pandemia y establecen normas de actuación basadas en criterios clínicos, sin que en ningún caso se restringiera la atención por motivos de edad, tal y como recoge el anexo al mismo, en el que se especificaba que “no consideramos oportuno que se haya de utilizar el criterio etario como discriminador principal en las decisiones”.

Criterios de responsabilidad, prudencia y claridad son la base del documento, en el que también se indicaba la necesidad de evaluaciones científicamente contrastadas para dar el tratamiento adecuado y en el lugar necesario.