Los avatares sobre el ático del presidente madrileño, Ignacio González, siguen su devenir imparables. Pese a la afirmación machacona de que el asunto está “judicialmente cerrado” lo cierto es que sigue habiendo una causa en el juzgado número 5 de Estepona, que además acaba de admitir el escrito de personación de la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña (AGTPM) en la causa,

El auto del juzgado cuenta con el informe del Ministerio Fiscal que ha resuelto que, para el ejercicio de la acusación popular, ya que concurren varias acusaciones populares en la causa, la AGTPM debe actuar bajo la misma dirección letrada y representación que la primera acusación popular que interpuso la denuncia, en este caso el Sindicato Unificado de Policía (SUP), según recoge Salvemos Telemadrid en un comunicado.

Seguirán personados
Además, en el caso de que el SUP desistiese de su posición de acusación popular, la AGTPM ha manifestado que continuará con su postulación. Esta asociación de afectados está compuesta en su totalidad por trabajadores despedidos en el ERE de Telemadrid que ordenó el gobierno regional de Madrid en 2013.

Comparecencia ante el fiscal
Ya en julio de 2013, recuerda Salvemos Telemadrid, “los representantes de la asociación realizaron una comparecencia ante el fiscal anticorrupción de Málaga. En esa comparecencia se entregó un extenso informe y documentación donde, entra otras cuestiones, se detallaban adjudicaciones y contratos realizados por Telemadrid y el Canal de Isabel II a empresas vinculadas con el empresario Enrique Cerezo”.

El vínculo Cerezo
Cabe recordar que cuando dichas adjudicaciones se realizaron, Ignacio González era presidente del Canal de Isabel II y responsable político de las competencias audiovisuales de la Comunidad de Madrid. Esto, según la AGTPM, apuntala “la posibilidad de que Ignacio González podría haber adquirido el ático con recursos relacionados con el entorno de Enrique Cerezo”.

El caso en el Supremo
Fue por estos motivos que la AGTPM registró en el Tribunal Supremo una querella contra Ignacio González, en marzo de 2014. Entonces, el tribunal no admitió la querella señalando que la investigación debía seguir en el juzgado de Estepona donde se inició, sin perjuicio “de que el discurrir de la investigación ponga de manifiesto la existencia de indicios penales”. Sin embargo, esta decisión ha servido a González y sus palmeros mediáticos para señalar que el caso está “judicialmente cerrado”.

Seguirán colaborando
“Los afectados por el ERE en el Ente Público Radio Televisión Madrid que forman la AGTPM van a seguir colaborando con la justicia en el esclarecimiento de los hechos investigados por el juzgado de Estepona y van a seguir denunciando todas las decisiones políticas y empresariales que han supuesto un quebranto patrimonial del erario público con consecuencias que han acabado pagando 861 trabajadores con la pérdida de sus puestos de trabajo”, señalan los miembros de la asociación.