El PSOE alcanza máximos históricos en el Barómetro de julio de 2019. El Partido Popular recupera a sus votantes, Vox cae a la irrelevancia que le corresponde a la extrema derecha en nuestro país y Podemos sigue en la cuerda floja, quedando por delante de Ciudadanos, mientras no entre en escena la formación política de Iñigo Errejón. Y hasta aquí el análisis político y electoral.

Hablemos de lo que realmente se ha preguntado: de la confianza y percepción que tienen la ciudadanía en el Poder Judicial.  La mayor indagación sociológica que se hace en España para conocer la satisfacción respecto a la Administración de la Justicia, pasa desapercibida porque ningún partido político ha sido capaz de leer más allá de la nota de prensa electoralista.

Tampoco le ha interesado a nadie hablar del principal problema de la ciudadanía, que sigue siendo el paro, un desempleo que afecta muchísimo más a las mujeres que a los hombres.

Hasta la pregunta 19 se ignoran los indicadores del sistema judicial, tan solo un 16% de la población ha sido víctima de algún delito en la última década, pero el discurso de la inseguridad ciudadana y de la delincuencia sigue siendo el marco general en el discurso beligerante antiinmigración. Son los votantes de Vox quienes indican haber sido víctima de algún delito 10 puntos por encima de la media nacional, y es que les han timado o estafado el doble que al resto de votantes (ellos mismos lo dicen).

Parece que a nadie le importe que en el País Vasco tengamos casi un 9% de víctimas de violencia de género, mientras en la media nacional no alcanza el 3%, a las mujeres nos roban diez puntos más que a los hombres, doble motivo para tener miedo al volver a casa sola.

En Aragón, donde las competencias de justicia están transferidas, encontramos la satisfacción más alta, un 31’7% (si excluimos el 40% de satisfechos en Melilla), mientras que, en Cataluña, también transferidas, cae al último puesto del ranking con un 15,6%. Allí donde hay competencias de justicia que están bajo en Gobierno Central hay una satisfacción de prácticamente cuatro puntos, sobre las que tiene las competencias autonómicas. Y son las clases altas las que más confían en la justicia, y las que más conscientes son de la falta de medios de la administración, territorialmente es en Madrid (transferidas) y en Baleares (no transferidas) donde más denuncian esta situación.

Las personas entrevistadas ponen el foco en la falta de jueces, son los murcianos y los aragoneses los que más los reclaman, en segundo lugar, solicitan auxiliares y Asturias dobla la tasa nacional de esta reclamación, por último, se reclaman más y mejores medios informáticos, y es en Aragón donde más los reclaman.

En Cataluña y en Navarra el principal culpable de esta insatisfacción es que la justicia está politizada, también para los votantes de EH Bildu. El 85% de la formación de Abascal cree que las penas son demasiado blandas, 25 puntos sobre la media nacional. La imparcialidad de las leyes se pone en duda mucho más en los partidos del nacionalismo periférico que en los denominados “partidos constitucionalistas”. Son las clases medias y altas las que creen que ahora mismo son justas sobre la media, incluso la clase alta las califica más duras que la media.

A pesar del esfuerzo económico y personal que se ha ido realizando en estos últimos años para agilizar la Administración de Justicia, solo ha mejorado para el 14% de la media nacional, y en Cataluña no llega al 7%, junto al País Vasco es donde los jueces inspiran menos confianza, y en Aragón, Cantabria y la Rioja dónde más.  Los votantes de Junts per Catalunya que creen que la justicia ha ido a peor en estos últimos años triplican (62%) la tasa nacional (18%).

A pesar de las decenas de recursos a las sentencias de violación de los últimos años que en primera instancia fueron calificados como abuso sexual, las mujeres confían tanto como los hombres en los jueces y juezas. Las diferencias las vemos según el recuento de voto, y es que los votantes de en Esquerra, Comú Podem, Junts per Catalunya, EAJ PNV y Bildu disparan su desconfianza rozando el 90%, también disparan la tasa de dependencia del poder judicial.

Prácticamente el total de la población reclama necesaria la reforma en la Administración de justicia, y es que un 50% de las personas entrevistadas no cree que haya independencia en la actuación de los jueces y juezas, en Cataluña alcanza el 70% de encuestadas. Curiosamente baja este porcentaje cuando se pregunta expresamente por el Tribunal Supremo, mucho más mediático.

Mediático también es el Consejo General del Poder Judicial, y aun así la mitad de la ciudadanía desconoce su existencia, es la clase social la variable que mejor lo explicaría, y entre quienes saben que existe, solo el 30% conoce el procedimiento de elección de sus miembros.

El discurso corporativista sobre la elección de los miembros de este Consejo, apostando porque sean los propios jueces quienes los elijan, ha calado en el 23% de las personas entrevistadas, cae al 12% quienes defienden el sistema actual y un 27% quiere combinar ambos sistemas. Son los votantes del PP y de Ciudadanos los que más apuestan por que sean los jueces los responsables de esta elección, pero también lo prefieren los votantes de EH Bildu, así que no es propio de la derecha, ni de la derecha liberal, ni del discurso centralista o “constitucionalista” en exclusiva.

Y que la ciudadanía confía más en el poder judicial que en el legislativo y en el ejecutivo juntos, tampoco lo comentará ningún partido político. Los votantes del PSOE son quienes más confían en el Gobierno y los que menos, los del Ciudadanos, pero también confían menos los votantes de Rivera en el Parlamento que los votantes de Vox.

El artículo 9.1 de la Constitución impone que el Gobierno, la Administración y el resto de poderes públicos están sometidos a la ley y al control judicial, y parace que en el Poder Jucial confiamos más. Quizá porque lo conocemos menos.