La sed inaudita de venganza de la presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, tras alcanzar la Presidencia de esa comunidad en 2011, llevó a los dirigentes del PP a presentar decenas de querellas contra dirigentes socialistas, sin parangón en la política española, que años después fueron tumbadas, una tras otra, por los jueces de los distintos juzgados castellano-manchegos.

Aunque el Tribunal Supremo tampoco se libró de dirimir otros casos fruto de la ira judicial de la hoy ministra de Defensa, que también denunció a colaboradores de ELPLURAL.COM. El resultado: 50 querellas archivadas, o en su defecto numerosos exaltos cargos socialistas absueltos en los juicios celebrados a lo largo del territorio regional.

La indignación del deportista

Como si de una marabunta judicial se tratara, nadie se escapaba a la acción judicial del PP castellano-manchego entre 2010 y 2014. Ni siquiera el plusmarquista europeo y nacional del medio fondo, Roberto Parra, señalado por Cospedal, en su etapa de presidenta de Castilla-La Mancha, por “pagar unas obras que nun­ca se realizaron” cuando Parra era director general de Deportes del Gobierno del socialista José María Barreda.

Cinco años después, la Justicia archiva la querella al demostrarse que las acusaciones de la hoy ministra de Defensa eran falsas. De ahí que el otrora respetado, y posteriormente cuestionado deportista, vaya a iniciar acciones legales contra el PP y su presidenta, esperando que los conservadores pidan perdón “por el daño ocasionado”, además de poder depurar responsabilidades para que “quienes paguen sean las personas que crean estas querellas mediáticas y no quienes somos inocentes”, sentencia Parra.

Consejeras del PSOE

En opinión de la vicesecretaria del PSOE, Cristina Maestre, Parra “está en su justo derecho porque sólo él sabe lo que ha pasado durante todos estos años, él y el resto de compañeros que fueron perseguidos por el Gobierno de Cospedal, y que responde a una estrategia de los populares porque después ninguna de las 50 denuncias”, contra otros tantos “compañeros ninguno de ellos han sido condenados”, añade, “quién repara esto”.

Y es verdad, Cospedal denunció a tres exconsejeras del Gobierno socialista de Barreda (Rosario Arévalo, consejera de Medio Ambiente; María Luisa Araújo, vicepresidenta y consejera de Hacienda, y Soledad Herrero, consejera de Cultura). Las tres fueron absueltas. El PP de Cospedal quiso meter en la cárcel a la primera de ellas por el fatídico incendio de Guadalajara, que se cobró 11 vidas en 2005, mientras que Araújo y Herrero fueron acusadas por un presunto fraude funcionarial en la compraventa de un inmueble en Ciudad Real en 2008. Todas ellas, denuncias falsa de los “populares”.

Alcaldes socialistas

Pero no sólo los exmiembros del Gobierno de Barreda fueron atacados por los seguidores de Cospedal sin piedad. También los alcaldes y concejales socialistas estuvieron en la diana judicial de María Dolores de Cospedal, como es el caso del exalcalde de Azuqueca de Henares, Pablo Bellido, que al ser imputado tras la denuncia del PP no pudo presentarse a las elecciones de diciembre de 2015. 

Semanas después la querella sería archivada y el Congreso ganaba a uno de los mejores parlamentarios castellano-manchegos al obtener su acta de diputado en las elecciones de junio de 2016. Otro alcalde que corrió la misma suerte, denunciado por el PP y absuelto por los tribunales, fue el exregidor de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo, o el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, José Gutiérrez, acusado por el PP de “compra irregular” de bombillas en la Diputación Toledana. Nada de nada. Todo archivado. Todo mentira.

Cospedal ante el plasma de Bárcenas.

Empresarios y ecologistas

Y es que en los cuatro años de Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha se produjeron muchos casos de persecución a responsables de instituciones, como bien denunció en su día el hoy vicepresidente del Ejecutivo de García-Page, asegurando que “nunca hemos actuado como el PP actuó en esta región, desde el revanchismo y desde la persecución permanente a los adversarios políticos, creemos que esa no es una forma de trabajar en política”.

Sí, porque del “revanchismo” no se libraron ni siquiera los empresarios que no eran de la cuerda del PP, como el titular de Cuadrifolio, una empresa que fue señalada por Cospedal y sus consejeros como la supuesta tapadera de la financiación ilegal del PSOE. La Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha decretaba hace un año el archivo de las investigaciones. Diligencias que no llegaron a formularse en la querella que presentó Cospedal contra Greenpeace, ya que a las pocas semanas retiraba su denuncia, como también la retiró contra el diario El País en pleno juicio contra Luis Bárcenas.

Tampoco pudo con José Bono

Pero lo que más dolió a Cospedal fue el carpetazo que el Tribunal Supremo dio a las investigaciones realizadas para esclarecer el patrimonio de José Bono a instancias de la secretaria general del PP. Res de res. Y eso que la ministra de Defensa se dedico en cuerpo y alma para intentar “empapelar” a José Bono, al que la Fiscalía del Alto Tribunal no vio los “desajustes” patrimoniales observados por Cospedal y acordó archivar las diligencias de investigación sobre el patrimonio del entonces presidente del Congreso, al considerar que los hechos denunciados por el PP no eran constitutivos de delito.

La Fiscalía creyó que no habían quedado acreditadas las imputaciones efectuadas por el PP (Cospedal), que, a su juicio, aportaban “como prueba de sus insinuaciones meras fotocopias de periódicos”. Claro y en botella.

La venganza de CCM

Suma y sigue. La situación judicial llegó a tal punto, que Cospedal tampoco dudó en 2010 en llevar ante los tribunales a los tres administradores del Banco de España (Raúl Hernández Pardo, Carlos Miguel Hervás Arnáez, y Jorge Pérez-Cerdá), encargados de tutelar Caja Castilla La Mancha, por presuntos delitos de falsedad documental y societario por haber “modificado” los estatutos de la Fundación CCM sin pasar por la asamblea general. Cospedal aseguro que había “muchas ilegalidades” en el proceso.

¿Y quién paga esta millonaria factura correspondiente a la minuta de abogados y procuradores? CONTINUARA…