El pago de 150.000 euros al director de la Fundación Cela, Tomás Cavanna, sigue trayendo cola. Tal y como informa en primicia el diario El País, la Xunta de Galicia conocía el montante a pagar cuando se procedió al despido del exdirector. Por ello, esta semana se sentarán en el banquillo Marina Castaño, el exconsejero de Fraga Dositeo Rodríguez, su hija Covadonga y el propio Cavanna.

En la segunda de las sesiones del juicio en el que se investiga la supuesta malversación de caudales públicos, Antonio Fernández-Campa, entonces secretario general técnico de la Consejería de Cultura, ha afirmado que cree que en junio de ese año, justo cuando se procedió al despido, su departamento tuvo constancia de la cifra: “En junio creo que fue cuando me enteré”.

Posteriormente, se le ha mostrado un correo electrónico anterior a la fecha que él señalaba  enviado por Dositeo Rodríguez, patrono de la fundación con influencia en la Xunta que ejercía de enlace entre la fundación y Cultura. En aquel correo además se han podido apreciar mensajes cruzados previamente, en los que se evidencia la relación entre el patrono y el propio Cavanna: “Defiendo los 150.000 euros”, pero “tu indemnización tendrá que pagarse con dinero público”.

A los convenios anuales que unían a la Fundación Cela con la administración gallega se sumó una adenda de 207.000 euros extra, de los que acabarían saliendo los 150.000 euros destinados a abonar el cese de Cavanna al frente de la institución.

Durante los peores años en términos económicos que el ente tuvo que hacer frente, se colocó a Covadonga Rodríguez, hija del exconsejero y patrono Dositeo Rodríguez, de subdirectora. Puesto que iría ‘in crescendo’ hasta dirigir la fundación cuando la reconversión de la misma fue total y Cavanna fue apartado previa indemnización. Tras su imputación, dio un paso atrás y volvió a su puesto inicial, en el que aún se mantiene.

Fernández-Campa, durante su intervención, ha ido destapando más claves del proceso de indemnización: “No sé cuándo se tomó la decisión de pagarla con dinero público”, ya que en principio los gastos debían correr a cuenta de la institución privada. El sueldo de Cavanna, “incluso superior al del presidente de la Xunta”, convertía el pago en “difícilmente asumible por el sector público”.

Sin embargo, el fiscal Álvaro García Ortiz y el letrado Xosé María Rodríguez tienen fuertes indicios para pensar que todo se trató de un complot orquestado, un proceso que no era legal que se trató de esconder de forma rápida y sin dejar cabos sueltos.