La Guardia Civil ha atribuido a Lucía Figar, quien fuera consejera de Educación de la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre y que dimitió para facilitar la investidura de Cristina Cifuentes, los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Así lo ha determinado un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) al que ha tenido acceso el diario El Mundo. El documento señala que “utilizó fondos públicos de su Consejería para promocionar su figura personal y política en la Red y para desprestigiar a otras opciones”.
Según los informes, “se estaban pagando con dinero público trabajos que beneficiaban a la imagen personal y carrera política de la titular de la Consejería, destinando a usos ajenos a la función pública caudales para promocionar su figura política, dando pábulo a las informaciones que hablaban favorablemente de su desempeño en la Consejería”. Una actitud que según la UCO evidencia la “cuestionable honradez personal y política” de una de las ranas de Esperanza Aguirre.
La empresa que recibió el encargo, contratada a dedo, era la de Alejandro De Pedro, a quien se le atribuyen los delitos de fraude, falsedad y tráfico de influencias.
Además, “habría beneficiado a De Pedro con otros contratos públicos como el vinculado al proyecto Study in Madrid”, según el informe. De hecho, la Guardia Civil mantiene que “se han hallado también indicios de que se estaba articulando otra concertación en el año 2014 en el seno de la Consejería de Educación”.
Asimismo, se considera partícipes y conocedores de este hecho a Manuel Pérez, a quien se le atribuyen los delitos de fraude, prevaricación, malversación y falsedad; y Pablo Balbín, ex jefe de Gabinete de Prensa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
