La reforma exprés de la Constitución para eliminar los aforamientos que ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no afectaría al presidente del PP, Pablo Casado, en el caso de que se abriese causa contra él en el Tribunal Supremo. El motivo es que las reformas procesales no tienen efectos retroactivos, según han explicado expertos juristas a Europa Press.

Si la modificación de la Carta Magna para eliminar los aforamientos entra en vigor una vez que la causa por las presuntas irregularidades en la obtención del máster se encuentra ya abierta en el Tribunal Supremo, el líder de los populares aún seguiría investigado, y enjuiciado si se ven indicios de delito, por el alto tribunal.

"Los hechos tienen que ser cometidos con posterioridad a entrar en vigor la norma y salvo excepcionalidad nunca tienen efectos retroactivos por razones de seguridad jurídica", explican las fuentes consultadas.

No obstante, apuntan que el procedimiento contra Casado sí podría volver al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que inició la instrucción, si la causa se archiva y en el caso de que se recurra ya ha entrado en vigor la nueva normativa. De cualquier modo, subrayan que habría que esperar a ver cómo quedan redactados los nuevos artículos de la Constitución al respecto.

A la espera del informe de la Fiscaslía 

El Tribunal Supremo se encuentra ahora mismo a la espera de recibir un informe de la Fiscalía, que va a redactar el fiscal jefe de este órgano, Luis Navajas, sobre si es procedente y tiene competencia para investigar a Casado por los delitos de prevaricación y cohecho impropio. Esta petición se hace después de que la juez Carmen Rodríguez-Medel elevase una exposición razonada reclamando que se abriese causa contra el presidente del PP, ya que ella no puede por su aforamiento, y expone su sospecha de que pudo conseguir el título como "regalo o prebenda sin mérito académico alguno".

Por otro lado, los expertos han indicado que el asunto puede resolverse según interpreten los magistrados del Supremo. Es decir, la causa por el máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos podría ser investigado por el juzgado madrileño si el Tribunal Supremo entiende que con la reforma de la Constitución Casado pierde el aforamiento.

El miércoles de la semana pasada, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ya anunció en el Congreso de los Diputados el encargo a la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación, órgano asesor del departamento en materia legislativa, un estudio "riguroso" para reducir el "excesivo" número de aforados, aunque matizó que era necesario mantener la "inmunidad" parlamentaria de los diputados y senadores.

En este sentido, precisó que es "indispensable" mantener los aforamientos de los parlamentarios para dar "garantía al Legislativo frente al Poder Judicial", es decir, se conservaría la necesidad de que éstos pidiesen el suplicatorio cuando se quiera proceder en los tribunales contra ellos.