El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid ha suspendido la decisión del Ayuntamiento de Madrid de cambiar el nombre de 52 calles, vías y plazas del callejero de la capital española en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. El tribunal accede así a la petición de suspensión cautelar que solicitó la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), aunque pide a la organización una caución de 60.000 euros para hacer efectiva la suispensión.
El pasado 4 de mayo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid acordó cambiar el nombre de 52 calles, vías y plazas de la capital que contenían referencia franquistas, atendiendo al informe del Comisionado de la Memoria Histórica del 24 de abril, pero se habían paralizado a la espera de que se resolviesen la avalancha de recursos contencioso-administrativos.
Uno de ellos fue presentado el 7 de julio por la Fundación Nacional Francisco Franco ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid, que el pasado 24 de octubre, en un auto al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, resolvió que se paralizase el cambio de calles. Además, condenaba a pagar las costas al Ayuntamiento de Madrid, que ascendían a 150 euros, aunque imponía a la organización franquista una caución de 60.000 euros “para operar la suspensión”.
En un comunicado, la Fundación Nacional Francisco Franco celebra que se haya aceptado su recurso contra una ley “de marcado contenido ideologizante que se estaba aplicando de forma sectaria y revanchista”, mientas que “se enaltecía a los participantes en las represiones del Frente Popular”.
Además, la FNFF asegura que los cambios de nomenclaturas en el callejero de Madrid “un fortísimo impacto económico para los ciudadanos madrileños superior a los 55 millones de euros, de los cuales 6 millones son coste directo a las arcas públicas del Ayuntamiento de Madrid que pretenden destinarse no a fines públicos y de interés general sino privativos del sector ideológico que gobierna el Ayuntamiento de Madrid, malversando fondos públicos”.
“37 años [después] del cambio de calles propiciado por el alcalde Tierno Galván, no existen razones de urgencia ni, por supuesto, de interés general, que obliguen a la inmediata ejecución” de la eliminación de nombres franquistas, señala la Fundación Nacional Francisco Franco.
La organización acaba recordando que son “una entidad sin ánimo de lucro”, por lo que les parece “totalmente desproporcionada” la caución de 60.000 euros que les ha impuesto el tribunal para ejecutar la suspensión.
