La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 10 años de cárcel para Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, exalcaldes de Alicante, por amañar el urbanismo de Alicante para favorecer al empresario Enrique Ortiz. La petición, realizada por el fiscal Felipe Briones, es una suma: seis años por delito continuado de cohecho, tres por revelación de secretos y uno más por tráfico de influencias. Todo unido a 24 años de inhabilitación para cargo público.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Mundo, va en la misma línea del presentado por Esquerra Unida, que también pedía 10 años de cárcel por esta rama del caso Brugal. En el texto, se señala que los dos alcaldes del PP pusieron el PGOU a disposición de Enrique Ortiz, financiador confeso de la formación. A cambio, recibieron dinero en metálico, pisos, viajes en avión privado, regalos y vacaciones gratis en Ibiza y Andorra.
Para el fiscal, Castedo y Alperi eran dos políticos entregados por completo a los designios del constructor y no dudaron en quebrantar el interés general para obtener un beneficio propio. Ahora toca el turno de las defensas para presentar sus escritos. Una tarea en la que son expertos, pues sus recursos han sido fundamentales para dilatar el proceso durante nueve años, aunque el escrito de la Fiscalía ha acercado por fin a los dos exalcaldes al banquillo.
Tras este proceso, será la Audiencia Provincial de Alicante la que tenga que poner una fecha para el juicio.
