En un escrito enviado al instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, al que ha tenido acceso El País, la Abogacía del Estado se queja de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia aceptara investigar los delitos de cohecho, prevaricación y falsedad documental, pero no el de fraude fiscal que pudieron cometer las empresas valencianas relacionadas con la Generalitat que presidía Francisco Camps y con el PP valenciano.

Empresas valencianas habrían financiado actos del PP
Según aparece en el sumario de este caso, constructoras, promotoras inmobiliarias y empresas de servicios supuestamente financiaron, con la mediación de la trama Gürtel, mítines del PP valenciano, entre ellos algunos en los que intervino Mariano Rajoy. En contraprestación, esas firmas habrían sido beneficiadas con adjudicaciones por parte de la Generalitat.

Modus operandi
Estas compañías ingresaban dinero en las cuentas de Orange Market, la empresa de la trama Gürtel en Valencia, fingiendo el pago de falsos servicios. De esta manera, se liberaba al PP valenciano de los pagos por la organización y montaje de sus actos electorales, que realizaba Orange Market.

El Tribunal valenciano se negó a investigar estos delitos
La Abogacía del Estado teme que la negativa del Tribunal valenciano a investigar estos supuestos delitos impida a la Agencia Tributaria reclamar lo que le corresponde. Los jueces valencianos alegaron que los presuntos delitos contra Hacienda los habrían cometido empresarios y no parlamentarios, por lo que al no tratarse de aforados, el Tribunal Superior carece de competencias para juzgarlo.