Este miércoles la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV)  decidirá a qué juzgado quedará adscrito el juez y exsenador del PP durante 11 años Manuel Altava.

Según ha denunciado Jueces y Juezas por la Democracia, Altava podría recaer en la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJV, adscripción que sería "más relevante" a su puesto en un juzgado de lo penal de Castellón. La asociación considera que la posible designación provisional del magistrado, que fue candidato al CGPJ, conculcaría la ley al no volver a su plaza o una similar.

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Las reacciones no se han hecho esperar. Dieciséis de los veinte magistrados de la  Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano han enviado un escrito a la Sala de Gobierno para oponerse al nombramiento de Altava.

 

Además, la asociación judicial Francisco de Vitoria también ha mostrado su rechazo al mencionado nombramiento a través de un escrito remitido a la Sala de Gobierno del TSJV.

De este modo y de forma casi unánime, se defiende que Altava quede adscrito “con carácter provisional a los juzgados de la población en los que se encontraba destinado al cesar en el servicio activo, en función de la categoría y orden jurisdiccional en que servía”, tal y como demanda el juez y portavoz de Jueces y Juezas por la Democracia, Joaquim Bosch.


Polémico paso por la política

Fue el pasado 16 de mayo cuando la Comisión Permanente del CGPJ acordó el reingreso de Altava a la carrera judicial tras completar su paso por la política como senador por Castellón de la Plana del Partido Popular.

La prolífica trayectoria de Altava en la Cámara Alta le sirvió para convertirse en uno de los cargos de confianza de personalidades como Carlos Fabra o Pablo Casado. Relación que, tal y como detalló ElPlural.com, estuvo a punto de valerle un puesto como vocal del Consejo General del Poder Judicial.  Pablo Casado se empeñó en que Altava formase parte del gobierno de los jueces. 

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Sin embargo, Altava no logró acceder al CGPJ poco después de que ElPlural.com sacara a la luz la ocultación de hasta nueve propiedades de las que, al menos, tenía un 25% de la titularidad. Un caso que no cayó en saco roto, pese a que el dirigente jamás renunció a su sillón en la Cámara Alta.

Tal y como también desveló ElPlural.com,  el popular adquirió un conjunto de fincas y parcelas por precios irrisorios en una sospechosa subasta celebrada en 2001. En Sant Mateu adquirió un terreno de 3.941 metros cuadrados por el que solo abonó 676 euros; en Peñíscola hizo lo propio adquiriendo una dimensión de 4.171 metros cuadrados por 5.639 euros y, por último, en una subasta de lo más fructífera para los intereses particulares de Altava, se hizo con un tercer terreno de la localidad de Vinarós.

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