El magistrado Joaquim Bosch Grau ha mandado una misiva con dirección a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para poner en su conocimiento que, de producirse, la adscripción de Manuel Guillermo Altava a la sala contencioso-administrativa del TSJV resultaría contraria a las normas vigentes.

El pasado 16 de mayo, la Comisión Permanente del CGPJ acordó el reingreso de Altava a la carrera judicial tras completar su paso por la política como senador por Castellón de la Plana del Partido Popular.

El que fuera propuesto por la fuerza conservadora como vocal del CGPJ se cayó de todas las candidaturas después de que ElPlural.com sacara a la luz la ocultación de hasta nueve propiedades de las que, al menos, tenía un 25% de la titularidad. Un caso que no cayó en saco roto, pese a que el dirigente jamás renunció a su sillón en la Cámara Alta.

Así las cosas, llega el momento de dejar la primera línea política y volver a los juzgados. En el escrito presentado por Jueces y Juezas para la Democracia se ratifica que, según el acuerdo precedente del pasado 22 de noviembre de la propia Comisión Permanente del CGPJ, Altava debería quedar adscrito “con carácter provisional a los juzgados de la población en los que se encontraba destinado al cesar en el servicio activo, en función de la categoría y orden jurisdiccional en que servía”.

De esta forma, lo normal sería que el exsenador del PP volviera a ocupar el mismo partido judicial que ostentaba de forma previa a su paso por la política. El problema es que, tal y como indica el documento firmado por Joaquim Bosch, ha llegado a su conocimiento “que se está valorando adscribir a Altava a la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia”.

Un ominoso paso adelante dentro de su trayectoria judicial que puede venir de la mano de un favoritismo especial por la carrera de senador del susodicho durante los últimos 11 años, tal y como refleja el escrito: “Se daría la sensación de que el referido magistrado no regresa al destino que le corresponde, sino a otro orgánicamente más relevante. A ello ha de añadirse que dicha decisión supondría la injusta postergación de los magistrados que ejercen sus funciones en los juzgados contencioso-administrativos y cuentan con mayor experiencia en dicho orden jurisdiccional”.

Altava niega cualquier tipo de favoritismo

Conocida la noticia, nos hemos puesto en contacto con el protagonista del comunicado, que ha desmentido que esté obteniendo un trato preferente del CGPJ: “Desconozco lo que dice el comunicado. Lo único que sé es lo que aprobó la Comisión Permanente: adscribirme al órgano de la jurisdicción penal del lugar por el que me presenté y si está todo cubierto quedar a disposición de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia”.

Vinculaciones con el Partido Popular

Es de sobra conocido que el juez tiene una vinculación especial con el mundo de la política. Su prolífica trayectoria en la Cámara Alta le sirvió para convertirse en uno de los cargos de confianza de personalidades como Carlos Fabra o Pablo Casado. Relación que, tal y como detalló ElPlural.com, estuvo a punto de valerle un puesto como vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Sin embargo, todo cambió cuando se destapó que el popular adquirió un conjunto de fincas y parcelas por precios irrisorios en una sospechosa subasta celebrada en 2001. En Sant Mateu adquirió un terreno de 3.941 metros cuadrados por el que solo abonó 676 euros; en Peñíscola hizo lo propio adquiriendo una dimensión de 4.171 metros cuadrados por 5.639 euros y, por último, en una subasta de lo más fructífera para los intereses particulares de Altava, se hizo con un tercer terreno de la localidad de Vinarós.

Un clientelismo político que puede tener su último capítulo en un salto de honor dentro de la carrera judicial particular del exsenador popular.