El Supremo de EEUU avala la política de Trump que veta la identidad de género en pasaportes

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado luz verde a la prohibición impulsada por Donald Trump que veta la inclusión de la identidad de género en los pasaportes, una medida que el expresidente republicano defendió en su mandato como parte de su oposición a lo que denomina “ideología de género”. La decisión, conocida este jueves, supone un duro revés para los derechos del colectivo trans y no binario en el país.

La mayoría conservadora de la Corte, con seis votos a favor y tres en contra, dictaminó que “mostrar el sexo asignado al nacer no viola los principios de igualdad ante la ley”, del mismo modo que indicar el país de nacimiento en el documento. “En ambos casos, el Gobierno simplemente da fe de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato discriminatorio”, sostiene el fallo, recogido por el portal The Hill.

La respuesta del ala liberal del Supremo no se hizo esperar. En un voto disidente encabezado por la jueza Ketanji Brown Jackson, y apoyado por Elena Kagan y Sonia Sotomayor, las magistradas calificaron el fallo de “perversión inútil, pero dolorosa”, y lamentaron que el tribunal incurra en lo que consideran una práctica repetida de ignorar los principios básicos de equidad.

“Esta insensata evasión del resultado equitativo evidente se ha convertido en una desafortunada práctica”, escribió Jackson, que añadió: “También se ha convertido en una práctica habitual mi negativa a mirar hacia otro lado cuando se descartan selectivamente los principios básicos”.

El Gobierno de Trump celebra el fallo y vincula la medida a la autoridad del Estado

El procurador general de Estados Unidos, John Sauer, defendió la decisión del Supremo y calificó de “insostenibles” las resoluciones previas que habían bloqueado la política. Según Sauer, esas decisiones “infringían la autoridad constitucional del presidente en asuntos exteriores”, ya que la norma está directamente vinculada al Departamento de Estado, ahora dirigido por Marco Rubio.

Con el aval judicial, el Departamento ha eliminado la opción “X” que permitía a las personas no binarias identificarse fuera del binarismo de género, y ha ordenado que todos los titulares de pasaportes deban marcar el sexo asignado al nacer, sin posibilidad de hacerlo coincidir con su identidad de género.

Desde la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a varios ciudadanos transgénero e intersexuales en su demanda contra el Departamento de Estado, se ha advertido que “esta nueva política pone potencialmente en peligro a las personas transgénero, no binarias e intersexuales cada vez que usan un pasaporte”.

La organización sostiene que la medida viola tanto la legislación federal como el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, argumentos que ya habían convencido a tribunales inferiores para suspender la política en dos ocasiones previas: primero un juez federal de distrito, y posteriormente el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.

Una ofensiva judicial contra los derechos del colectivo trans

La restitución de la política de pasaportes no se produce en el vacío, sino que forma parte de un patrón más amplio de decisiones del Tribunal Supremo que han favorecido sistemáticamente las políticas impulsadas por el Gobierno republicano. Desde su nueva configuración tras los nombramientos de Donald Trump —que consolidaron una mayoría conservadora de seis jueces frente a tres liberales—, el alto tribunal ha respaldado varias medidas que han redefinido el alcance de los derechos civiles en Estados Unidos.

Entre las decisiones más controvertidas figura la prohibición de que las personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas, reintroducida tras años de avances en la inclusión militar. Esta medida, presentada por la Administración Trump como una cuestión de “disciplina y cohesión interna”, fue duramente criticada por organizaciones de veteranos y asociaciones de derechos humanos, que la consideraron una exclusión arbitraria y discriminatoria basada en prejuicios más que en criterios de eficacia militar.

Del mismo modo, el Supremo avaló en su momento la cancelación de subvenciones federales destinadas a programas de salud y educación sexual con perspectiva de diversidad, una decisión que impactó directamente en clínicas y organizaciones que ofrecían servicios a personas LGTBI+, especialmente en zonas rurales y estados con legislaciones restrictivas. Estos recortes fueron justificados bajo el argumento de “devolver competencias a los estados”, pero han sido interpretados como un paso más en la desarticulación de políticas inclusivas construidas durante las administraciones demócratas de Barack Obama y Joe Biden.