Junts per Catalunya ha certificado su viraje con la confirmación del veto al Gobierno de coalición. Los de Carles Puigdemont, aludiendo a una especie de mantra catalanista, han comunicado que, a partir de ahora, presentarán enmiendas a la totalidad contra todas las leyes que presente el Ejecutivo, independientemente de si sirven para mejorar la vida de la ciudadanía, como la ley de Universalidad del Sistema de Salud; para equipar los derechos de hombres y mujeres, el caso de la ley de Familias; o para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad, en el caso de la ley de Inclusión Laboral que afecta a estas personas.

La lista es larga, por lo menos de 25 normas, pero existen muchos más textos pendientes de trámite o que ya están inmersos en el proceso parlamentario. Desde Moncloa trasladan tranquilidad, pero si Junts cumple su amenaza la legislatura se tornaría aún más complicada. Por el momento, parece que de la quema se salvarán cinco leyes que ya había sido pactadas y contaban con modificaciones introducidas por los independentistas. Las afortunadas serán la Ley de Movilidad Sostenible, el Real Decreto-Ley ELA, la Ley del Cine, la Ley de Economía Social y la Ley de Atención al Cliente.

Todas las leyes que podría decaer

Más allá de la inestabilidad añadida que supondría que una formación se dedicase en exclusiva a dinamitar la acción política, entendiendo además que de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no queda ya ni la utopía, existe una gran batería de leyes que se encuentran en tramitación y que son de vital importancia para muchos sectores. ElPlural.com ha conocido los cálculos del Ejecutivo y la lista de normas que podrían sufrir esta suerte o quedar en el aire:

  • Ley de Familias.
  • Ley de la Universalidad del Sistema Nacional de Salud.
  • Ley para consolidar la equidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud.
  • Ley de restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía.
  • Ley de información empresarial sobre sostenibilidad.
  • Ley de Industria y Autonomía Estratégica.
  • Ley de acciones colectivas para la defensa de los consumidores.
  • Ley de administradores y compradores de créditos.
  • Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores.
  • Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
  • Ley de inclusión social de las personas con discapacidad.
  • Ley de Información Clasificada.
  • Ley de servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación.
  • Ley de responsabilidad patrimonial por daños derivados de la infracción del Derecho de la Unión Europea.
  • Ley para prevenir la “reduflación”.
  • Ley sobre comercio de emisiones de gases de efecto invernadero.
  • Ley para modificar el Sistema Universitario.
  • Ley de inclusión laboral de personas con discapacidad.
  • Ley para la protección de la libertad de expresión.
  • Ley sobre jurisdicción universal.
  • Ley sobre comercio exterior y en materia de defensa.
  • Ley para la transposición de la Directiva UE 2024/1226.
  • Ley para el control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima.
  • Ley para la regulación del voto telemático en las sesiones de los órganos de gobierno de las administraciones públicas.

A más de esta larga lista de textos, este periódico ha tenido conocimiento también de decenas que se encuentran en fase de ponencia o que verían la luz a lo largo de los dos próximos años. No obstante, para saber cuál será el devenir de la legislatura y si los seguidores de Puigdemont cumplirán su amenaza en el Congreso, habrá que esperar la sucesión de votaciones. 

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