Abra Instagram. Deslice el dedo hacia arriba. Aparecerá otro vídeo. Después otro. Y otro. No hay una pantalla que avise de que se ha llegado al final, porque el final no existe. Tampoco hace falta buscar demasiado: el algoritmo decide qué puede interesar al usuario y coloca el siguiente contenido delante de sus ojos. Una notificación puede devolverle a la aplicación cuando ya la había cerrado. Un corazón, un comentario o una nueva recomendación harán el resto.
Son gestos cotidianos para millones de personas. Pero algunas de esas pequeñas decisiones de diseño —el scroll infinito, las recomendaciones algorítmicas, las notificaciones o determinadas métricas sociales— están ahora en el centro de una batalla mucho mayor sobre qué responsabilidad tienen las tecnológicas cuando quienes están al otro lado de la pantalla son menores.
La última escena se desarrolla a más de 9.000 kilómetros de Madrid, en un tribunal federal de Oakland, California. Allí ha comenzado uno de los procesos judiciales más importantes a los que se ha enfrentado Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram. Una coalición de 29 estados de Estados Unidos acusa a la compañía de haber diseñado deliberadamente productos capaces de generar un uso compulsivo entre niños y adolescentes y de haber engañado a los usuarios acerca de sus riesgos. Meta rechaza esa tesis.
El caso no se limita, sin embargo, a determinar cuánto dinero debería pagar la tecnológica. Según ha explicado Reuters, entre las medidas reclamadas aparecen restricciones de edad, cambios en el scroll infinito, la eliminación de determinados algoritmos entrenados con datos de menores y sistemas de recomendación que tengan en cuenta el bienestar en lugar de perseguir exclusivamente la interacción. Meta sostiene que las sanciones planteadas por los demandantes podrían llegar, en el escenario más extremo defendido por la compañía, a 1,4 billones de dólares.
Lo que se discute en California, por tanto, no queda tan lejos de Europa como podría parecer.
Cuando el algoritmo entra en el juzgado
Durante años, buena parte del debate sobre los menores y las redes sociales se concentró en lo que aparecía en sus pantallas: pornografía, violencia, trastornos alimentarios, discursos de odio, acoso o contactos con desconocidos. La discusión que está emergiendo ahora va un paso más allá. La pregunta ya no es únicamente qué contenido debe retirarse, sino qué ocurre cuando el propio producto está diseñado para que resulte difícil dejar de utilizarlo.
Ese es uno de los terrenos sobre los que quieren llevar el juicio los estados demandantes. En la apertura del proceso, la Fiscalía de California sostuvo que Meta conocía los riesgos y priorizó el crecimiento y la interacción. La compañía, por su parte, mantiene que ha introducido numerosas herramientas de protección y cuestiona que exista una relación causal simple entre el uso de las redes y los problemas de salud mental de los adolescentes.
Uno de los primeros testigos ha sido Arturo Béjar, antiguo ingeniero y responsable de seguridad de Meta, que ya había denunciado públicamente problemas en la protección de los usuarios más jóvenes. En este proceso ha declarado sobre el peso que tenía —o no tenía— la seguridad infantil cuando se tomaban determinadas decisiones sobre los productos de la compañía. El juicio también tiene previsto escuchar a ejecutivos como Mark Zuckerberg y el responsable de Instagram, Adam Mosseri.
No es además una batalla aislada. Meta viene de sufrir otras derrotas judiciales relacionadas con el impacto de sus plataformas sobre menores. En Nuevo México, por ejemplo, un tribunal ordenó recientemente a la compañía pagar 567 millones de dólares e introducir medidas correctoras después de un procedimiento centrado en los daños causados a menores.
La acumulación de casos está desplazando lentamente la frontera. Durante años, las plataformas pudieron defender que no eran responsables de cada vídeo, fotografía o mensaje publicado por sus usuarios. Las demandas actuales tratan de situar la discusión en otro punto: no tanto quién publica un contenido, sino quién diseña la máquina que decide cuándo aparece, a quién se recomienda y durante cuánto tiempo consigue mantenerle mirando la pantalla.
Europa también pregunta quién tiene 13 años
En Europa, esa conversación no comienza con el juicio de California. Cuando los abogados estadounidenses abandonen el tribunal, Meta seguirá teniendo otro frente abierto al otro lado del Atlántico.
La Comisión Europea concluyó de manera preliminar el pasado 29 de abril que Facebook e Instagram podían estar incumpliendo la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no identificar y reducir suficientemente el riesgo de que niños menores de 13 años accedan a ambas plataformas. Meta fija precisamente los 13 años como edad mínima en sus condiciones de uso.
Bruselas señaló un problema extraordinariamente sencillo para una industria construida sobre sistemas tecnológicos muy sofisticados: un niño puede mentir al introducir su fecha de nacimiento. La Comisión considera que las herramientas desplegadas hasta ahora no serían suficientemente eficaces para impedir ese acceso ni para detectar y expulsar posteriormente a los usuarios que no cumplen la edad mínima. Según sus conclusiones preliminares, aproximadamente entre un 10% y un 12% de los menores europeos de 13 años utilizaría Instagram y/o Facebook. Meta puede responder a esas conclusiones antes de que Bruselas adopte una decisión definitiva
El debate conduce inevitablemente hacia la verificación de edad, una solución que parece sencilla hasta que se intenta trasladar a cientos de millones de usuarios. Verificar que una persona tiene 13, 16 o 18 años puede exigir documentos, sistemas de estimación de edad, intermediarios tecnológicos o nuevas formas de identificación. Y cada una abre otra pregunta incómoda: cuántos datos personales debe entregar un ciudadano para demostrar que tiene edad suficiente para utilizar una red social.
La Unión Europea lleva tiempo intentando resolver esa contradicción. En 2025, la Comisión presentó unas directrices específicas de protección de menores dentro de la DSA y un prototipo europeo de sistema de verificación de edad, diseñado para permitir acreditar que se supera una determinada barrera sin necesidad de revelar más información personal de la necesaria.
La presión tampoco se limita a Meta. TikTok ha reforzado sus herramientas para detectar usuarios europeos menores de 13 años y Bruselas mantiene actuaciones sobre distintas plataformas. The Guardian explicó a comienzos de este año cómo TikTok comenzó a desplegar nuevas tecnologías de estimación y comprobación de edad ante la creciente presión regulatoria europea.
España quiere poner la barrera en los 16
España pretende ir aún más lejos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado febrero que el Ejecutivo quiere prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y obligar a las plataformas a incorporar sistemas efectivos de verificación de edad. La medida forma parte de un paquete más amplio dirigido a aumentar la responsabilidad de las grandes plataformas y todavía necesita concretarse plenamente en el marco legislativo español.
El Gobierno español intenta además reunir apoyos europeos. Como explicó ElPlural.com en mayo, Bruselas ha ido acercándose a un discurso mucho más intervencionista sobre el acceso de niños y adolescentes a estas plataformas, aunque el debate europeo dista de estar cerrado. Francia, por ejemplo, ha intentado fijar restricciones similares y su Tribunal Constitucional bloqueó este agosto la prohibición para menores de 15 años aprobada por el Parlamento francés, al apreciar problemas relacionados con la libertad de expresión, la privacidad y las garantías previstas en la norma.
La cuestión de fondo es que poner una puerta a los 16 años no resuelve necesariamente qué hay detrás de esa puerta.
Un adolescente puede llegar a Instagram un día después de cumplir la edad establecida por una ley y encontrarse exactamente con el mismo scroll infinito, las mismas notificaciones y el mismo sistema de recomendaciones. Por eso el proceso californiano resulta relevante también para el debate español: obliga a distinguir entre regular quién puede utilizar una plataforma y regular cómo está diseñada esa plataforma.
La DSA ya ha dado algunos pasos en esa segunda dirección. La legislación europea obliga a las grandes plataformas a evaluar y reducir riesgos sistémicos y establece una protección reforzada para los menores; además, prohíbe la publicidad dirigida a menores basada en perfilado.
El siguiente conflicto puede estar en determinar hasta dónde debe llegar esa lógica. Si una red sabe que un usuario es menor, ¿debería poder recomendarle contenido indefinidamente? ¿Debería poder enviarle notificaciones destinadas a recuperar su atención? ¿Puede utilizar las mismas métricas para decidir qué mostrarle que utiliza con un adulto? ¿Debe existir una versión sustancialmente distinta de Instagram para un adolescente?
Meta insiste en que ya está haciendo parte de ese recorrido. La compañía ha ampliado internacionalmente los controles de sus cuentas para adolescentes, con restricciones sobre determinados contenidos, contactos y configuraciones, y sostiene que lleva años desarrollando herramientas destinadas a mejorar la seguridad.
Sus críticos plantean precisamente la pregunta contraria: si esas medidas son suficientes o si llegan cuando gobiernos, tribunales y familias han comenzado a convertir el coste reputacional de no actuar en un coste legal y económico. Las familias de cientos de jóvenes afectados se concentraron esta semana ante el tribunal de Oakland coincidiendo con el inicio del juicio. Algunas esperan que el proceso permita conocer nuevos documentos internos y averiguar hasta qué punto la empresa conocía los efectos de determinadas decisiones de diseño.
La pregunta que queda detrás de los 16 años
Ahí es donde California y Europa empiezan a encontrarse. Una parte del debate político europeo está buscando una edad: 13, 15, 16 años. El proceso estadounidense está obligando a discutir además un diseño. Son dos preguntas diferentes y, probablemente, acabarán chocando en los próximos años.
Australia ya optó por restringir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y otros gobiernos estudian modelos propios. Meta, mientras tanto, ha iniciado campañas públicas para defender sus herramientas de protección de adolescentes frente a la expansión de estas prohibiciones. The Guardian ha documentado incluso el uso de influencers por parte de la compañía para promocionar las medidas de seguridad de sus cuentas juveniles en medio de la ofensiva regulatoria internacional.
El juicio de Oakland no decidirá qué legislación debe aprobar España ni obligará automáticamente a Bruselas a modificar sus normas. El sistema jurídico estadounidense y el europeo avanzan por caminos distintos. Pero la discusión que se está produciendo ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers toca una cuestión que los reguladores europeos difícilmente podrán ignorar si los tribunales estadounidenses empiezan a imponer cambios sobre funciones concretas de las plataformas.
Porque eliminar una cuenta perteneciente a un niño de 12 años es una decisión relativamente fácil de explicar. Mucho más complicada es otra: decidir cuándo una característica diseñada para aumentar la interacción deja de ser una herramienta comercial legítima y empieza a convertirse en un riesgo que una plataforma está obligada a reducir.
En Oakland, abogados, antiguos empleados y ejecutivos de Meta discutirán durante las próximas semanas exactamente sobre eso. En Madrid y Bruselas, mientras tanto, la conversación sigue girando alrededor de los 16, de cómo comprobarlos y de qué obligaciones deben asumir las empresas cuando saben que quien sostiene el teléfono todavía no es adulto.
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