Desde que el pasado mes de febrero España se postuló en contra de que menores de 16 años tengan libre acceso a las redes sociales, en aras de protección a la infancia y juventud contra los riesgos de estas plataformas, Europa ha escuchado el debate y se muestra partidaria de expandir la discusión a todos sus rincones. Al menos, esta es la intención que se dará este jueves en una videoconferencia organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, con vistas a una mayor coordinación entre los países de la Unión Europea (UE) que trabajan en la prohibición de las redes sociales a menores. Una cita en la que participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
A la cita de líderes europeos por videoconferencia también asistirán otros mandatarios como el primer ministro irlandés, Micheal Martin, y el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, según el Elíseo y la agencia Bloomberg. De la misma manera, Bruselas también ha confirmado la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El fin último de esta reunión de escala europea se concentra en la búsqueda de mejorar la coordinación entre algunos Estados miembro para restringir el acceso de los menores de edad a las redes sociales. Desde el Elíseo, vienen defendiendo un enfoque común para fortalecer la aplicación de una medida de carácter comunitario para todo el bloque europeo.
Al menos siete países de la zona euro cuentan con propuestas de similar calado para mitigar los riesgos de exposición de los menores en estas plataformas digitales. En el caso de Francia, Macron vino planteando su prohibición incluso por debajo de lo propuesto en España: para menores de 15 años, esperando que la ley entre en vigor el próximo mes de septiembre.
La propuesta de España marcó el camino del debate
Fue en febrero cuando el Gobierno de Sánchez planteó esta prohibición a menores de 16 años en aras de “hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales”.
“Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital”, apostó entonces Sánchez. Una posición que obtuvo la contrarréplica de altos magnates de redes sociales, como bien fue Elon Musk, dueño de X –antigua Twitter-, así como el CEO de Telegram. Pese a ello, la elaboración de la medida continúa su curso y la convicción del Ejecutivo central al respecto permanece inamovible.
Europa trabaja en una aplicación de verificación
Desde Bruselas, la Comisión Europea está analizando posibles medidas para limitar el acceso de los menores a las redes sociales, pero hasta el momento se mantiene reticente a la posibilidad de fijar una única edad mínima común a todos los países de la Unión Europea, por la complejidad técnica y legal de articular una restricción en algo de competencia exclusiva nacional.
Cabe recordar que el Ejecutivo comunitario de Von der Leyen puso en marcha el pasado mes de marzo un grupo de trabajo para buscar soluciones que permitan contar con un "enfoque europeo sólido y realista" y se espera que este comité de expertos presente recomendaciones concretas sobre cómo abordar la cuestión a más tardar en verano.
Entretanto, la Comisión Europea ha desarrollado una herramienta de verificación de edad en cuyo proyecto piloto han participado varios países, incluidos Francia y España, y que Bruselas contaba con que estuviera disponible en las 'Appstore' desde este mes de marzo, aunque no será obligatoria en todos los Estados miembro hasta finales de año.
El objetivo es contar con una plataforma a nivel europeo capaz de verificar la edad real del usuario que accede a redes sociales desde dispositivos móviles u otros, por lo que ha estado meses a prueba para ajustar la tecnología a las especificidades de cada país.
Con todo ello, las plataformas deberán contar a finales de año con una herramienta que permita verificar y validar la edad del usuario y, aunque no estarán obligadas a instalar la versión europea, sí deberán justificar que su alternativa ofrece garantías equivalentes de que con ella se cumplen las normativas nacionales y europeas.
