Occidente no puede alegar que no sabe qué hacer con Israel. El derecho internacional lleva meses, incluso años, señalando qué medidas están al alcance de los Estados para frenar, castigar y no contribuir a los crímenes cometidos en Gaza. El problema no ha sido la falta de herramientas jurídicas. Ha sido la negativa de buena parte de las potencias occidentales a utilizarlas contra un aliado. Desde enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia ha dictado varias órdenes cautelares en el caso abierto por Sudáfrica contra Israel. En julio de 2024, además, emitió una opinión consultiva en la que concluyó que la presencia israelí en los territorios palestinos ocupados es ilegal y recordó que terceros Estados no deben reconocer esa situación ni prestar ayuda para mantenerla. El margen de maniobra, por tanto, no es teórico. Está escrito.
La secuencia importa. El 26 de enero de 2024, la CIJ ordenó a Israel adoptar medidas para prevenir actos comprendidos en la Convención sobre Genocidio y garantizar más ayuda humanitaria para la población de Gaza. El 28 de marzo reforzó esas medidas. El 24 de mayo fue más lejos y exigió detener la ofensiva militar en Rafá. La Corte no zanjó entonces el fondo del caso, pero sí estableció algo decisivo: que existía un riesgo suficiente como para activar obligaciones inmediatas. A partir de ahí, la discusión dejó de ser política en sentido estricto. También pasó a ser jurídica. Qué hace cada Estado con Israel desde ese momento ya no depende solo de afinidades diplomáticas o cálculos electorales. Depende de si está cumpliendo o no con su deber de prevenir y no facilitar una situación ilegal.
Las herramientas están sobre la mesa
La primera vía de presión es comercial. La opinión consultiva de la CIJ del 19 de julio de 2024 fue bastante clara al señalar que los Estados no deben reconocer como lícita la presencia israelí en el territorio palestino ocupado ni prestar ayuda o asistencia para mantener esa situación. También afirmó que deben cooperar para ponerle fin. Eso abre la puerta a revisar acuerdos preferenciales, congelar inversiones, excluir productos ligados a la ocupación y suspender relaciones económicas que contribuyan a sostenerla. No hace falta una arquitectura nueva. La base jurídica ya existe.
Ahí la Unión Europea ocupa un lugar central. La UE sigue siendo el principal socio comercial de Israel. El comercio bilateral de bienes alcanzó los 42.600 millones de euros en 2024 y Bruselas representó el 32% del comercio total israelí de bienes, según la Comisión Europea. Esa cifra no es un simple dato de contexto. Marca la capacidad real de presión. Si la UE suspendiera concesiones comerciales, endureciera controles sobre importaciones vinculadas a los asentamientos o congelara el trato preferencial del Acuerdo de Asociación, el golpe sería tangible. De hecho, la propia Comisión Europea propuso en septiembre de 2025 suspender concesiones comerciales sobre bienes israelíes, lo que evidencia que ese instrumento está sobre la mesa y no pertenece al terreno de la especulación académica.
La segunda vía es militar. Si un Estado tiene prohibido ayudar a mantener una situación declarada ilegal por la CIJ, seguir exportando armas, componentes, software de uso dual o tecnología susceptible de empleo militar se vuelve mucho más difícil de justificar. La ONU ha empujado en esa dirección en repetidas ocasiones. En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza y urgió a todos los Estados a cumplir sus obligaciones legales para ponerle fin y castigar a los responsables. En otro informe de octubre de 2025, la relatora especial Francesca Albanese describió el genocidio en Gaza como “un crimen colectivo”, sostenido por la complicidad de terceros Estados a través de apoyo material, protección diplomática y distintas formas de asistencia. El lenguaje no deja mucho espacio para la ambigüedad.
Eso, llevado a política concreta, significa embargos de armas, suspensión de licencias, cancelación de proyectos de coproducción y revisión de contratos de defensa. También significa algo menos visible, pero muy relevante: retirar agregados militares, cerrar oficinas comerciales vinculadas al sector de seguridad y congelar programas de cooperación tecnológica. No son medidas espectaculares en una portada, pero suelen tener un efecto directo sobre la relación estratégica. Y, sobre todo, encajan con la idea que ha repetido la ONU: no basta con pedir moderación mientras se mantiene intacta la infraestructura material que alimenta la guerra.
Del aislamiento diplomático a los tribunales
Luego están las sanciones personales. Congelar activos, prohibir visados, bloquear operaciones financieras y señalar de forma individual a responsables políticos, mandos militares o colonos violentos. Es una vía más limitada que la comercial o la militar, pero tiene una ventaja: fragmenta la impunidad y coloca nombres propios sobre la mesa. Bruselas ya estudió en 2025 sanciones contra ministros israelíes y contra colonos violentos. No alteran por sí solas la relación estructural entre Occidente e Israel, pero envían una señal política que hasta ahora se ha administrado con mucha timidez.
Existe además un plano diplomático más duro del que rara vez se habla en las capitales occidentales. Rebajar relaciones, llamar a consultas a embajadores, suspender visitas de alto nivel, retirar agregados militares o reducir foros bilaterales. Todo eso forma parte del repertorio habitual entre Estados cuando uno de ellos comete violaciones graves del derecho internacional. Y hay otra capa más: trasladar la presión a la Asamblea General de la ONU si el Consejo de Seguridad sigue bloqueado. La resolución 377 A, conocida como Uniting for Peace, fue aprobada precisamente para sortear la parálisis del Consejo cuando hay vetos cruzados. No sustituye al Consejo de Seguridad, pero sí permite que la Asamblea recomiende medidas colectivas y eleve el coste político del bloqueo.
Tampoco conviene olvidar el frente judicial. Cooperar con la justicia internacional no consiste solo en emitir comunicados de apoyo. Supone facilitar investigaciones, preservar pruebas, ejecutar órdenes si las hubiera y activar mecanismos de jurisdicción universal cuando la legislación nacional lo permita. En ese terreno, muchos gobiernos occidentales se mueven con extrema cautela. No quieren aparecer como cómplices, pero tampoco quieren romper del todo con Israel. Esa ambivalencia explica buena parte de la parálisis actual.
La cuestión de fondo, en cualquier caso, ya está bastante delimitada. Las herramientas existen. Suspender preferencias comerciales. Cortar cooperación militar. Retirar apoyo diplomático. Sancionar a responsables políticos y militares. Activar presión en la Asamblea General. Cooperar con tribunales internacionales. Lo que no hay, de momento, es voluntad suficiente para usar ese repertorio de forma sostenida contra un aliado estrecho. Dicho de otra manera: Occidente no necesita descubrir qué puede hacer con Israel. Hace tiempo que lo sabe. Lo que sigue sin resolver es si va a asumir el coste político de hacerlo.