El Kremlin ya prepara el siguiente paso. Esta vez, alejado del campo de batalla y circunscrito solo a los territorios que ya se anexionó el pasado 30 de septiembre de manera ilegal. Vladimir Putin planea ahora la construcción de 25 cárceles y tres centros de trabajos forzados en las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, según recoge El País. El objetivo de la Federación Rusa pasa por el control exhaustivo de la población local, por lo que Moscú ya ha dado luz verde a la creación del nuevo Servicio Especial de Seguridad (FSB) en Donetsk, al este de Ucrania.

Desde Moscú ya se han puesto los primeros cimientos para continuar con el plan de control en los territorios ilegalmente ocupados. El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, ha estampado su firma en la orden para erigir una docena de colonias penales (nombre que se le atribuye a las prisiones en Rusia); siete en Lugansk y otras seis repartidas entre Zaporiyia y Jersón. Centros penitenciarios a los que se añadirán cuatro prisiones médicas, una para cada región, y tres campos de trabajos forzados. Estos últimos se ubicarán dos en Lugansk y otro en Donetsk.

Hasta la fecha, no ha trascendido el número de presos que podrían albergar estos centros, pero sí se sabe que el Gobierno ruso construirá las nuevas prisiones “sin la asignación de partidas presupuestarias adicionales”. Al menos así consta en las modificaciones insertadas en el plan para el sistema de prisiones hasta el año 2030. Una estrategia marcada por la precariedad ante las insuficiencias de las cárceles rusas. Cabe recordar que, en 2020, el Consejo de Europa denuncio el estado de estas y sus malas condiciones, centrando el tiro en los niveles de saturación en comparación con las del resto del continente. Asimismo, subrayaron que destinaban un menor gasto por recluso.

El Ejecutivo ruso, encabezado por el premier Mishustin, ha concedido un plazo de tres meses al Sistema Penitenciario Federal para la preparación de todos los documentos legales relativos a las nuevas cárceles. Esta iniciativa ha trascendido escasas fechas después de la creación del departamento del Servicio Especial de Seguridad, que ya operaba allí desde que estallara la guerra del Donbás en 2014, aunque sin representación oficial.

Estos últimos movimientos del Kremlin contrarrestan en cierta medida la versión oficial, que narra una recepción hospitalaria al invasor en los territorios ocupados. De hecho, el recién creado departamento no lo dirigirá ningún agente de inteligencia o militar que cambiara de bando tras el estallido del conflicto en el Donbás, sino que su regencia recaerá sobre un alto mando ruso. Concretamente, sobre el general Oleg Bolomozhnov, cuya hoja de servicio al FSB se remonta hasta 1991.

“No vamos a imponer nada a nadie por la fuerza”, aseguraba el presidente de Rusia tras ejecutar el plan de invasión sobre Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022. Un año después, Moscú desplegará una red de centros penitenciarios amén de los que ya se encontraban en las regiones ocupadas.