El apoyo del Partido Popular en la extrema derecha no se reduce a España. Los conservadores también han votado conjuntamente a los grupos de ultraderecha del Parlamento Europeo para sacar adelante una medida que permite la apertura de los centros de deportación de personas en situación irregular fuera de Europa.
La propuesta ha salido adelante este jueves con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. Previamente, los grupos políticos Socialdemócrata, Verdes y La Izquierda habían impugnado las decisiones del 9 de marzo de 2026 adoptadas en la Comisión de Libertades Civiles.
El texto “más contundente en materia de migración”
La votación llegó después del fracaso de las negociaciones con los liberales y los socialistas en la Comisión de Libertades Civiles (LIBE), mientras que los conservadores ya habían acordado con la ultraderecha a puerta cerrada votar conjuntamente a favor de un texto, “el más contundente de la historia de la Unión Europea en materia de migración”, en palabras de Vox.
Las ONG se han posicionado al respecto. PICUM, en defensa de las personas sin papeles, ha emitido que “los eurodiputados electos públicamente están eligiendo a cientos de miles de personas, incluidos niños, en riesgo de daños irreparables” a través de un texto que “permite a los Estado miembros a detener a menores y adultos, separar familias y enviar personas a centros de deportación en países en los que nunca han estado”.
Todavía no hay información para los países de destino, pero algunos de los países ya se encuentran “colaborando para establecer estos centros”. Se trata de Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia.
Además, la decisión “otorga amplios poderes para restringir la libertad de movimiento, registrar pertenencias, imponer medidas de ‘seguridad’ desproporcionadas y compartir datos personales con países que carecen de garantías adecuadas”.
“Esta votación marca un punto de inflexión peligroso, ya que las fuerzas de centroderecha rompen el cordón sanitario para alinearse con la extrema derecha y aprobar una agenda profundamente represiva. Esta alianza tóxica allana el camino para la detención masiva, la separación de familias y las deportaciones, normalizando abusos que hemos visto con ICE en Estados Unidos y poniendo en riesgo innumerables vidas”, destaca la responsable de incidencias de Picum, Silvia Carta.
¿Un ICE europeo?
En la práctica, las políticas antimigratorias podrían funcionar y salvando las distancias al estilo ICE en el conjunto de la UE. Los puntos destacados del documento pasan por desplegar y exigir medidas amplias e indefinidas con el objetivo de detectar personas indocumentadas, lo que podría dar rienda suelta al racismo.
La vigilancia invasiva o la obligación por pate de los empleados públicos de denunciar a personas sin documentación serían algunas de las situaciones concretas a las que podrían dar pie el texto. Además, respaldan redadas policiales en espacios públicos y viviendas privadas, con muy pocas garantías.
