Después una semana de presiones y, especialmente, las protestas que se han producido en varias ciudades de Israel este domingo, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este lunes que paralizará la tramitación de la polémica reforma judicial que ha desencadenado la crisis en el Gobierno y, por ende, en el país.

“No estoy dispuesto a aceptar que haya una minoría de extremistas que estén dispuestos a destrozar nuestro país, y arrastrarnos a la guerra civil”, ha sentenciado durante su discurso a la nación, tal y como ha recogido el medio Haaretz.

Es así como ha garantizado que su Gobierno “jamás aceptará una guerra civil” derivada de esta crisis, por lo que, por el momento, la segunda y tercera lectura del texto quedará en ‘stand by’ hasta el mes de mayo. 

“Por responsabilidad nacional” se tomará “un tiempo de diálogo” para medir cuáles son las opciones que hay sobre la mesa para continuar la tramitación de la misma. No obstante, ha recordado que la “mayoría” de sus aliados de su Gobierno de coalición han apoyado la reforma, insistiendo en que, tarde o temprano, tendrá luz verde para salir adelante.

La respuesta de la oposición

Las reacciones de los partidos contrarios no han tardado en llegar. Por un lado, Benny Gantz, líder del Partido Unidad Nacional, ha valorado en términos positivos la decisión de Netanyahu después de días de arduas y violentas protestas en el país: “Mejor tarde que nunca”, ha apostillado.

“No teníamos que haber llegado a este momento. Me opongo a este Gobierno y continuaré haciéndolo, pero en materia de seguridad nacional apoyaré los movimientos correctos con todo mi corazón”, ha garantizado a la par.

Yair Lapid, líder de Yesh Atid, por otro lado, también se ha mostrado dispuesto a dialogar con el Ejecutivo central israelí: "Si el gobierno se involucra en un diálogo real y justo, podremos salir de este momento de crisis más fuertes y más unidos", ha precisado.

Estas decisiones políticas se producen justo después de que este domingo se diese una manifestación de hasta 600.000 personas en contra de la reforma judicial de Netanyahu y con motivo de la destitución de Yoav Gallant, ministro de Defensa y quien cuestionó públicamente el contenido de dicha medida. “Según informes de Inteligencia, se ha identificado claramente que la situación es una oportunidad para atacar a Israel. […] Las grietas en la sociedad israelí pueden dar una gran oportunidad a los enemigos”, pronunció durante su comparecencia en el Consejo de Exteriores y Seguridad y antes de ser cesado de su cargo.

Puntos clave de la polémica reforma judicial de Netanyahu 

Entre sus principales claves a tener en cuenta, dicho texto recoge que se entregue al Parlamento un mayor control sobre el ámbito judicial, lo que ha sido denunciado como un intento de la coalición de Netanyahu de aprovechar su dominio sobre la Knesset -el Parlamento israelí- para afectar al sistema. El Instituto para la Democracia ha expuesto así que su objetivo es claramente "debilitar la capacidad del aparato judicial de supervisar la acción de las ramas ejecutiva y legislativa", lo que podría poner en peligro el sistema democrático y las libertades civiles en el país.

No obstante, la polémica principal reside únicamente en una cláusula, conocida como 'cláusula de invalidación', que convertiría los fallos del Tribunal Supremo sobre legislación aprobada por la Knesset en una "recomendación" que el Parlamento podría saltarse en caso de que la corte dicte que la ley es "inconstitucional".

Cabe tener en cuenta que Israel no cuenta con una Constitución formal y tiene una batería de Leyes Básicas que regulan la separación de poderes y que el Tribunal Supremo utiliza como punto de partida a la hora de determinar si las leyes aprobadas por el Parlamento se ajustan o no a este marco legal. En la actualidad, el Supremo puede declarar que una ley es "inconstitucional" e impedir su entrada en vigor, aunque la propuesta de reforma quita esta autoridad al tribunal y permite a la Knesset --y por lo tanto al partido o coalición que cuente con la mayoría de escaños—pueda evadir este obstáculo.

Este término ha sufrido numerosas variaciones desde el inicio de la propuesta, llegando a contemplarse que esta cláusula pudiera permitir  mantener la ley en su redacción original, obviando por completo el pronunciamiento del Supremo, en caso de que una mayoría simple de 61 de los 120 parlamentarios voten a favor de mantenerla en pie.

Las críticas en torno a la 'cláusula de invalidación' giran en torno a que su aplicación supondría eliminar el control del Poder Judicial sobre el Ejecutivo --salido de las urnas-- y el Legislativo --donde se refleja el resultado electoral--, lo que, por ende, significaría el fin de los sistemas de control y la separación de poderes en Israel.