Justo cuando la atención en Oriente Medio está en la guerra de Irán, el genocidio que Israel perpetra contra la población palestina sigue ensanchándose, ante el silencio cómplice de la comunidad internacional. La Knesset, el parlamento hebreo, ha reformado la ley para facilitar las penas de muerte que dicten los tribunales militares. Una decisión que, en apariencia, es solo un retroceso más del país en su respeto a los derechos humanos, pero que servirá para que los jueces puedan ejecutar en la horca a los palestinos de la Cisjordania ocupada con mayor rapidez, menos trabas y -si cabe- menos garantías.
La cuestión está en que la ley, propuesta por el ministro sionista Itamar Ben Gvir, y aprobada en la Knesset por el Gobierno de Benjamín Netanyahu y la mayoría de parlamentarios, no menciona expresamente a los palestinos, pero que sí discrimina en su aplicación a una parte de la población del territorio que controla el Estado de Israel, dentro del que se encuentra la Palestina ocupada.
La norma se aplicará en los tribunales militares, que solo se encuentran en el territorio de Cisjordania, y en los que solo se juzga a la población palestina. Por ello, en la práctica, esta ley solo afectará a la población que ya sufre el genocidio y apartheid de los colonos israelíes, que seguirán bajo la jurisdicción de los tribunales civiles aunque residan en las áreas ocupadas.
La parte de la ley que explica cómo el Ejecutivo sionista la va a utilizar para discriminar a la población palestina, es que dicta la pena de muerte a los condenados por "asesinatos terroristas" motivados por la negación de la existencia del Estado de Israel. Una determinación que tomarán los tribunales militares, en los que exclusivamente se juzga a palestinos, y que registran una tasa de condenas superior al 96%, en ocasiones basadas en confesiones obtenidas bajo coacción, según organizaciones de derechos humanos. La norma permite, además, que las condenas a la horca se hagan sin apelación, en secreto y en un plazo de 90 días.
Las organizaciones, que denuncian desde hace años el genocidio de Israel en Gaza y las otras muchas formas en las que el país hebreo incumple el derecho internacional, lamentan este nuevo paso del Gobierno de Netanyahu: "Lo que está haciendo es darle carta blanca a los tribunales militares para ejecutar a las personas palestinas", denuncia el portavoz de Amnistía Internacional España Carlos de las Heras en declaraciones a ElPlural.com. Señala también que esta ley "contribuye aún más a fortalecer y afianzar el sistema de apartheid que hay en Cisjordania" al afectar solo a los tribunales militares, en los que "prácticamente en la totalidad de los casos los ciudadanos palestinos son condenados".
Israel firmó el pacto de la ONU para abolir la pena de muerte
El derecho internacional no prohíbe, de por sí, la pena de muerte, que de hecho sigue presente en la legislación de unos 55 países, aunque solo se aplica activamente en unos quince, según datos de Amnistía Internacional. "Israel con esto está yendo totalmente en contra", señala De las Heras, "de las tendencias mundiales", que desde hace décadas apuestan por la abolición de la pena capital. La ley sirve para "demostrar públicamente la discriminación y el desprecio absoluto, ya no sólo del derecho Internacional, sino de los Derechos Humanos, el Derecho a la vida y la garantía de un juicio justo para las personas acusadas", lamenta.
Sin embargo, sí que hay una parte del derecho internacional que Israel podría estar incumpliendo, y que señala también el portavoz. Israel ratificó en 1991 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966. Si bien no prohibía la pena de muerte como tal, su artículo 6 establece que los Estados firmantes, como Israel, deben avanzar hacia la abolición de la pena capital, los juicios se deben realizar con todas las garantías, y "toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena", algo que no ocurrirá para los palestinos a los que afecta la nueva ley de Israel.
El tratado, en el momento que es ratificado por un país, es vinculante, por lo que Israel, al ampliar la pena de muerte y hacerlo sin garantías para la población que depende de su Estado, lo está incumpliendo. El país hebreo, en cambio, nunca firmó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que sí obliga a los firmantes a prohibir la pena de muerte.
Israel está en el grupo de países -aproximadamente una treintena- en los que la pena de muerte sí era legal, pero no se aplica regularmente. La última ejecución en el país se remonta a los años 60, pero ahora la Knesset abre la puerta a recuperarla, esta vez solo para la población palestina. Además, que el Estado de Israel no ejecute a presos por la vía judicial no quita que, desde hace décadas, sus mecanismos asesinen civiles de forma indiscriminada y sistemática en los propios territorios que controlan, como son la Franja de Gaza y Cisjordania.
Israel incumple, de nuevo, su tratado con la Unión Europea
Y este acuerdo de la ONU no es el único que Israel incumple de forma sistemática. Asociaciones como Amnistía Internacional, y varios países, piden desde hace años que la Unión Europea suspenda su acuerdo comercial con Israel por su genocidio en Gaza. No solo como una forma de castigo y de dignidad al marginar a un Estado que asesina civiles, sino porque, como señala también De las Heras, Israel incumple este acuerdo desde hace años. El Acuerdo de Asociación UE-Israel es, fundamentalmente, un pacto de libre comercio entre ambos que se firmó en el año 2000. Sin embargo, su artículo 2 establece que el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos es un "elemento esencial" del acuerdo, y que si una de las partes los viola la otra puede romperlo.
Israel, además de establecer un régimen de apartheid, asesinar indiscriminadamente a civiles, periodistas y personal sanitario y humanitario, contraviniendo todas las leyes posibles sobre la guerra, incumple ahora también los tratados internacionales sobre la pena de muerte. "Es una muesca más", señala el portavoz. Desde Amnistía Internacional exigen a Bruselas que actúe: "Ahora está en el tejado de la Unión Europea el seguir manteniendo este tipo de acuerdos con estados como Israel, que al contrario de la tendencia mundial, que es abolicionista, ha agravado su política sobre la pena de muerte".
