Israel ha dado un paso más en su genocidio contra el pueblo palestino, dando luz verde este lunes su Parlamento a una ley que aprueba la pena de muerte por horca como castigo a palestinos en la Cisjordania ocupada por “asesinato terrorista” a israelíes en el marco del conflicto latente en Oriente Próximo.
Con esta decisión, avalada por los parlamentarios de Benjamín Netanyahu, el Parlamento israelí ha dado vía libre a una figura legal que quedó en el olvido, puesto que el país judío no la aplicaba desde hacía 25 años y que nunca se llegó a aplicar sobre palestinos, aunque sí es un castigo habitual en el ámbito militar. La medida ha contado con el respaldo de la mayoría de los diputados del Gobierno, incluido el primer ministro Netanyahu, sumando 62 votos a favor frente a 48 en contra. La votación ha estado acompañada de tensiones en el pleno, con protestas, gritos y expulsiones de parlamentarios.
Los tribunales militares israelíes, que juzgan exclusivamente a palestinos, registran una tasa de condenas del 96%, en ocasiones basadas en confesiones obtenidas bajo coacción, según organizaciones de derechos humanos.
La legislación también amplía los supuestos en los que puede aplicarse la pena de muerte siete décadas después de su limitación. En Israel, la pena capital para delitos comunes fue abolida en 1954, manteniéndose únicamente para crímenes como el genocidio o la traición. La única ejecución llevada a cabo por el Estado judío aconteció en 1962, cuando Adolf Eichmann fue condenado tras ser capturado en Argentina por el Mosad.
Es necesario matizar que el sistema judicial israelí funciona con dos marcos diferenciados: uno civil para ciudadanos y residentes, incluidos los árabes israelíes, y otro militar para los palestinos en Cisjordania. En los tribunales civiles, la pena capital se aplicaría a asesinatos cometidos en el contexto de acciones calificadas como terroristas con el objetivo de cuestionar la existencia del Estado, mientras que en los tribunales militares se extendería a todos los casos de este tipo. La medida afectaría a los palestinos de Cisjordania, pero no a los colonos israelíes que residen en asentamientos.
Entre los argumentos utilizados por los promotores de la ley figura la posibilidad de evitar que personas condenadas puedan ser liberadas en futuros intercambios de prisioneros con grupos palestinos. Este debate se produce en un contexto de hostilidades bélicas marcado por la escalada del conflicto desde octubre de 2023 y la violenta ofensiva que ha llevado a cabo Netanyahu sobre la Franja de Gaza, dejando desde entonces más de 70.000 víctimas mortales palestinas.
Fondo y forma de la ley de pena de muerte israelí
Así las cosas, la nueva legislación israelí obliga a los tribunales militares en Cisjordania a imponer la pena capital en casos de asesinato de israelíes considerados “actos de terrorismo”. De esta manera, sólo se contemplará la cadena perpetua en situaciones excepcionales, y la decisión puede adoptarse por mayoría simple. Además, la norma fija un plazo de 90 días para dictar sentencia y elimina la posibilidad de indulto.
El texto aprobado introduce modificaciones respecto a versiones anteriores más restrictivas, que planteaban la pena capital como única opción. La redacción final permite, de manera excepcional, la imposición de cadena perpetua. La tramitación de la ley se ha acelerado en los últimos meses, en un contexto previo a las elecciones legislativas previstas para este año. El proyecto fue aprobado en primera lectura en noviembre y recibió el visto bueno de la comisión parlamentaria de Justicia la semana pasada.
Cabe remarcar que la iniciativa ha sido impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien la ha defendido como un instrumento disuasorio. Durante el debate parlamentario de este lunes ha calificado la norma como “histórica” y ha criticado las posiciones de la Unión Europea y la Comunidad Internacional en contra. Algunos diputados exhibieron insignias con forma de soga durante la sesión.
A lo largo de la legislatura, Ben Gvir había presionado al primer ministro con abandonar el Ejecutivo si la propuesta no salía adelante. Netanyahu ya había expresado en 2022 su apoyo a la pena de muerte en determinados casos, argumentando la gravedad de algunos crímenes.
Oposición internacional
Bajo el telón de fondo internacional, las reacciones han sido de clara oposición. Según Amnistía Internacional, 54 países mantienen la pena de muerte, mientras que 113 la han abolido completamente.
Las reacciones críticas han sido inmediatas. Los ministros de Exteriores de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido han advertido antes de la votación de que la aprobación de la norma podría poner en cuestión el compromiso de Israel con los principios democráticos. En la misma línea, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, ha instado a las autoridades israelíes a retirar la propuesta y alertó de que supondría un retroceso respecto a la moratoria de facto vigente.
También la Unión Europea ha mostrado su preocupación, puesto que su portavoz de Exteriores, Kaja Kallas, ha calificado el proyecto como un paso atrás que podría contradecir los compromisos de Israel con el Derecho Internacional.
Asimismo, expertos de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos han considerado que la norma tiene un carácter discriminatorio, al entender que en la práctica afectaría principalmente a la población palestina tanto en Israel como en los territorios ocupados.
