La Fiscalía de Estados Unidos solicitará la pena de muerte contra Luigi Mangione, el joven detenido como presunto responsable de asesinar a tiros a principios de diciembre al consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en pleno centro de Nueva York.
La fiscal general, Pamela Bondi, ha informado en un comunicado oficial de que ha dado instrucciones para que se pida la pena capital contra Mangione por "un asesinato premeditado y a sangre fría que impactó a Estados Unidos", aunque el acusado se ha declarado inocente de todos los cargos -asesinato, terrorismo, posesión criminal de un arma y acoso- que se le imputan.
“La fiscal general Bondi ahora ha dirigido al abogado de estado de Estados Unidos en funciones, Matthew Podolsky, para buscar la pena capital en este caso”, afirma en el comunicado. Además, defiende que Thompson “es un hombre inocente y padre de dos hijos” y que la pena capital en este caso hará que Estados Unidos sea un país más seguro. Bondi afirma que este caso forma parte de “la agenda del presidente Trump para detener el crimen violento y Hacer Estados Unidos Seguro Otra Vez”, un lema que ha utilizado la administración de Washington en búsqueda del apoyo de la población.
Para el Departamento de Justicia, el crimen fue "un acto de violencia política", que implicó además un "grave riesgo de muerte" para todas las personas que paseaban por el barrio de Manhattan cuando Mangione supuestamente abrió fuego contra Thompson, al que previamente había acosado. Pese a que el comunicado dice que “las actuaciones de Mangione han requerido una sustancial planificación y premeditación”, el joven estadounidense no ha sido condenado y su siguiente audiencia ante el Tribunal Federal será el 18 de abril.
Bondi ha enmarcado este paso dentro de los esfuerzos del presidente Donald Trump para contener la delincuencia. Asimismo, tiene sus raíces en la voluntad ya expresada por la propia fiscal general de levantar la moratoria sobre la pena de muerte, algo exigido en una orden ejecutiva del presidente estadounidense.
Trump y su defensa a la pena de muerte
En el estado de Nueva York, la pena capital se abolió finalmente en 2007 tras una larga historia de su eliminación y reincorporación. Sin embargo, dado que Mangione se enfrenta a cargos estatales además de federales, la última sí puede incluir la pena de muerte. Sus cargos federales son dos casos de acoso, asesinato utilizando un arma de fuego y el uso de un arma con un silenciador.
Estados Unidos ha tenido una relación turbulenta con la pena capital federal. Fue declarada inconstitucional en 1972 y no se volvió a establecer hasta 1988, pero para un grupo muy reducido de crímenes. Sin embargo, 8 años después, esa lista se amplió a incluir 60 ofensas que podrían resultar en la pena capital. La llegada de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, a la Casa Blanca ha llevado consigo otro cambio en el contexto de la pena de muerte. El día de su inauguración, firmó una orden ejecutiva que “reinstaura” la pena capital. Dicha orden critica a jueces y políticos que se oponen a la pena de muerte por “imponer creencias personales en vez de la ley” además de “desafiar y subvertir las leyes [del] país”.
El presidente estadounidense considera que la pena capital es el “máximo disuasorio”, algo que el Centro de Información sobre la Pena Capital ha afirmado que no es cierto según la estadística. No obstante, el asesinato con un arma de fuego durante un crimen de violencia y el asesinato de primer grado (asesinato premeditado) son crímenes a los que se les aplica la pena de muerte.
La orden ejecutiva de Trump también señala que el fiscal general “tiene el deber de animar a fiscales generales de estado además de los fiscales de los distritos” para imponer la pena capital. Además, destaca que esto debe llevarse a cabo, independientemente si una persona ha sido sentenciada a muerte o no, en el caso del asesinato de un policía o en el caso de que una persona sin nacionalidad estadounidense comete un crimen capital.
