Pedro Sánchez ha vuelto a colocar a España en el bloque de países europeos que exigen una respuesta más dura frente a Israel, pero el debate comunitario ha dejado al descubierto, una vez más, las profundas resistencias de la Unión Europea a traducir las palabras en decisiones concretas. La discusión sobre cómo presionar al Gobierno de Benjamin Netanyahu ha evidenciado que, detrás de los discursos sobre derechos humanos, legalidad internacional y protección de la población civil, cada capital sigue jugando su propia partida.
La propuesta española, defendida en el terreno diplomático por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pasaba por aumentar la presión sobre Israel y abrir la puerta a medidas de peso, entre ellas la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel. El movimiento de Madrid, respaldado por otros países como Irlanda y Eslovenia, buscaba lanzar una señal política rotunda ante la ofensiva israelí y las continuas vulneraciones del derecho internacional denunciadas por distintos actores europeos. Pero en Luxemburgo, donde los ministros de Exteriores abordaron este martes la cuestión, la realidad volvió a imponerse: no hay consenso suficiente (ni tampoco voluntad) para dar ese paso.
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, constató tras el encuentro que no existía apoyo suficiente para ninguna de las opciones más ambiciosas planteadas sobre Israel, lo que deja en evidencia la incapacidad de la UE para actuar con una sola voz incluso ante una crisis que golpea directamente su credibilidad internacional.
En ese mapa de posiciones, Francia aparece en una zona intermedia. París no se ha alineado con el rechazo frontal de Italia y Alemania, pero tampoco ha abrazado del todo la tesis española. Su apuesta pasa por restringir los vínculos comerciales con los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania, una medida que también ha encontrado eco en Suecia y que busca mantener la presión sin romper completamente el marco de relación con Israel. Es, en el fondo, un apoyo a medias: suficiente para marcar distancias con Netanyahu, insuficiente para secundar la ofensiva diplomática que reclama Sánchez.
Bruselas choca con el muro de las grandes capitales
El principal dique de contención sigue estando en Alemania e Italia, dos países que han rechazado la suspensión del Acuerdo de Asociación y prefieren mantener una línea de diálogo crítico antes que abrir una ruptura política con el Ejecutivo israelí. Según Reuters, ambos gobiernos se opusieron a la iniciativa que impulsa España. La lectura es transparente: las dos capitales consideran que elevar la presión al máximo nivel podría tener consecuencias diplomáticas y estratégicas que no están dispuestas a asumir.
Ahí es donde el relato europeo empieza a llenarse de matices, cautelas y, para el bloque que encabeza España, de excusa política. Porque el problema ya no es solo la dificultad jurídica o procedimental de sacar adelante una suspensión del acuerdo con Israel. El problema es que una parte decisiva de la UE sigue sin querer pagar el coste político de un choque serio con Netanyahu, incluso en medio de un deterioro humanitario que ha disparado la presión internacional sobre Bruselas. AP resume esa situación con claridad: la Unión continúa profundamente dividida sobre qué medidas concretas adoptar contra Israel, aunque varios países apoyan algún tipo de suspensión comercial parcial.
España, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos o Eslovenia figuran entre los socios que empujan para que la Unión abandone la retórica vacía y concrete represalias. Pero el bloque favorable a endurecer la posición comunitaria tropieza con el peso específico de las grandes potencias reacias a cualquier salto cualitativo. La consecuencia es una UE atrapada entre dos impulsos contradictorios: por un lado, la necesidad de presentarse como actor normativo que defiende el derecho internacional; por otro, el miedo de varias capitales a romper equilibrios geopolíticos sensibles con Israel.
Para Sánchez, esta discusión tiene también una dimensión política interna y europea. El presidente del Gobierno lleva meses intentando situar a España en la vanguardia del bloque crítico con la ofensiva israelí, en línea con su perfil internacional de confrontación con la derecha global y con los gobiernos que apuestan por la pasividad o la equidistancia. El debate de Luxemburgo le permite sostener que España está empujando, pero también deja una fotografía incómoda: el llamado “no” a Israel sigue sin convertirse en una mayoría operativa dentro de la UE. Esa es la paradoja del momento. Madrid gana centralidad en el discurso, pero sigue lejos de ganar la votación política real.
La posición francesa resume bien esa ambivalencia europea. París acepta la idea de endurecer parcialmente la presión, sobre todo en lo relativo a los asentamientos ilegales, pero evita el gesto de mayor alcance. Alemania e Italia, en cambio, ni siquiera quieren abrir esa puerta. Entre ambos polos se mueve una Bruselas que discute mucho, calibra cada palabra y se resiste a adoptar decisiones que comprometan de verdad su relación con Israel.
