La Unión Europea da un nuevo paso en el endurecimiento de su política migratoria. El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo han alcanzado este lunes un acuerdo provisional sobre el reglamento destinado a agilizar la repatriación de migrantes en situación irregular, una norma que permitirá su traslado a centros de deportación en terceros países. El pacto complementa el Pacto sobre Migración y Asilo y busca hacer efectiva una de sus piezas más controvertidas: acelerar los retornos de quienes no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario.
El acuerdo supone, en la práctica, que Bruselas empieza a normalizar una fórmula similar a la ensayada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con los centros de retención en Albania. Aquel modelo, muy cuestionado por los tribunales y por las organizaciones de derechos humanos, abrió la puerta a que un Estado miembro enviara a migrantes rescatados en el Mediterráneo a un país situado fuera del club comunitario. Ahora, la UE incorpora esa lógica a su arquitectura migratoria común, aunque asegura que cualquier convenio deberá respetar las normas internacionales y el principio de no devolución.
Europa asume la hoja de ruta de la derecha
La nueva normativa llega en un contexto de fuerte presión política de la derecha y la extrema derecha europeas, que han convertido la migración en uno de sus principales campos de batalla. El texto salió adelante en la Eurocámara gracias a la alianza entre el Partido Popular Europeo y los grupos situados más a la derecha del hemiciclo: Conservadores y Reformistas Europeos, Patriotas por Europa y Europa de las Naciones Soberanas. Para la izquierda, esa mayoría evidencia una ruptura del cordón sanitario y consolida una deriva cada vez más restrictiva en materia migratoria.
El reglamento establece “obligaciones estrictas” para las personas que no tengan derecho a permanecer en la UE. Entre ellas, figura la obligación de abandonar el país en el que se encuentren de forma irregular y de cooperar con las autoridades nacionales durante el proceso de retorno. El Consejo defiende que estas normas permitirán una política de expulsiones más rápida, eficaz y coordinada entre los Estados miembros. Sin embargo, sus críticos alertan de que el acuerdo desplaza el centro del debate desde la protección de derechos hacia una lógica de sanción y expulsión.
Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de aplicar consecuencias para quienes no cooperen. El texto contempla la reducción de prestaciones y subsidios, así como la imposición de sanciones penales cuando lo permita la legislación nacional. Incluso abre la puerta a penas de prisión en determinados supuestos. De este modo, el reglamento no solo busca agilizar los procedimientos administrativos, sino también endurecer el marco de presión sobre los migrantes en situación irregular.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, celebró el acuerdo y defendió que una política efectiva de migración y asilo debe ir acompañada de una política de retorno “creíble”. En un mensaje publicado en su cuenta de X, sostuvo que el nuevo Reglamento de Retornos hará que la expulsión de los migrantes sin derecho a permanecer en la UE sea “más rápida y más coherente” en toda Europa. La lectura institucional es clara: sin retornos eficaces, el Pacto de Migración y Asilo quedaría incompleto.
An effective migration and asylum policy must be matched by a credible return policy.
— Roberta Metsola (@EP_President) June 1, 2026
This evening's deal on the new Returns Regulation - that complements the Pact on Migration and Asylum - will make the return of migrants with no right to stay in the EU faster and more…
Centros fuera de la UE y dudas sobre los derechos humanos
La principal novedad del acuerdo es que permite a los Veintisiete establecer centros de retorno en terceros países. Estos espacios podrán funcionar como destino final o como centros de tránsito para facilitar el regreso al país de origen o a otro Estado considerado seguro. Según el comunicado del Consejo, los países de retorno deberán respetar las normas internacionales de derechos humanos y los principios del derecho internacional, incluido el principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un territorio donde pueda sufrir persecución, tortura o tratos inhumanos.
La norma excluye de estos acuerdos a los menores no acompañados, un límite incluido para blindar una de las categorías más vulnerables. También prevé medidas especiales para personas consideradas un riesgo para la seguridad, como prohibiciones de entrada indefinidas o penas de prisión. Este punto refuerza el enfoque securitario del reglamento y alimenta las críticas de quienes consideran que la UE está abordando la migración principalmente como un problema de orden público.
El modelo recuerda de forma directa a la política impulsada por Meloni en Italia. Su Gobierno repatrió a grupos de migrantes desde centros de retención ubicados en Albania, una operación inédita dentro de la UE y que generó sucesivos choques con la Justicia italiana. Los tribunales frenaron en varias ocasiones la aplicación del plan, mientras que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también mostró reticencias ante este tipo de fórmulas. Pese a ello, la Comisión y el Parlamento Europeo han avalado ahora una vía que acerca al conjunto de la UE a la estrategia defendida por Roma.
España ya había manifestado su rechazo a las propuestas legislativas europeas sobre retorno y “tercer país seguro”. El Gobierno español considera que este tipo de iniciativas pueden implicar una vulneración del ordenamiento internacional, especialmente en lo relativo a los derechos humanos. Esa posición coloca a Madrid en el bloque crítico frente a una mayoría europea que, empujada por la presión conservadora, apuesta por endurecer el sistema común de expulsiones.
Una nueva fractura en Bruselas
El acuerdo provisional culmina meses de negociación entre la Comisión, el Consejo y la Eurocámara, después de que el Parlamento Europeo aprobara el reglamento a finales de marzo y abriera el trílogo institucional. El texto final endurece la propuesta inicial de la Comisión y ha provocado una nueva fractura entre los bloques conservadores y la izquierda. Para los primeros, se trata de una herramienta necesaria para ordenar la migración y garantizar que quienes no tengan derecho a permanecer en la UE abandonen efectivamente el territorio comunitario. Para los segundos, representa una cesión ante la agenda de la extrema derecha.
La discusión forma parte de un debate más amplio sobre el futuro del Pacto de Migración y Asilo, una arquitectura negociada durante más de cuatro años y marcada por intensas disputas entre los Estados miembros. Mientras algunos países reclaman más solidaridad en la acogida y el reparto de solicitantes de asilo, otros insisten en reforzar fronteras, acelerar expulsiones y externalizar responsabilidades hacia países terceros. El nuevo reglamento de retornos se sitúa claramente en esta segunda dirección.
La UE insiste en que el sistema respetará los derechos fundamentales, pero la experiencia italiana en Albania ha demostrado que la externalización de la política migratoria abre múltiples interrogantes legales, humanitarios y democráticos. La gran pregunta es quién controlará realmente las condiciones de esos centros, qué garantías tendrán las personas trasladadas y hasta qué punto terceros países podrán convertirse en piezas clave de una política migratoria europea cada vez más alejada de sus fronteras.
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