España y otros ocho Estados miembros de la Unión Europea han urgido al bloque comunitario a adoptar medidas contundentes frente a las reiteradas vulneraciones de Derechos Humanos cometidas por Israel en los territorios palestinos ocupados, especialmente en la Franja de Gaza. Esta presión llega en un momento clave, justo antes de que la nueva Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, presente a los Veintisiete una propuesta para revisar el acuerdo comercial entre la UE e Israel, en el marco de la devastadora ofensiva militar israelí.
El grupo —formado por España, Bélgica, Irlanda, Portugal, Polonia, Finlandia, Eslovenia, Luxemburgo y Suecia— expresa su inquietud ante la posibilidad de que la respuesta europea vuelva a ser, como hasta ahora, “insuficiente” o “ambiguamente equidistante”, en palabras de diplomáticos europeos, debido al peso de aliados históricos de Tel Aviv como Alemania, que han obstaculizado cualquier intento de sanción efectiva.
La exigencia principal gira en torno a un tema sensible: el comercio con los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados, considerados ilegales según el derecho internacional. Los países firmantes piden a la Comisión Europea que estudie con seriedad cómo armonizar las relaciones comerciales con las obligaciones derivadas de la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que considera la ocupación israelí contraria al Derecho Internacional.
“Defender el derecho internacional es una responsabilidad compartida. En un orden internacional basado en normas, la claridad jurídica debe guiar las decisiones políticas. Un enfoque europeo unificado puede contribuir a garantizar que nuestras políticas reflejen nuestros valores”, ha advertido el ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, en una publicación en X. Según recordó, la CIJ estableció “claramente que los terceros países deben abstenerse de cualquier comercio o inversión que contribuya a mantener una situación ilegal en el Territorio Palestino Ocupado”.
En una carta conjunta dirigida a Kallas y al comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, los ministros de Exteriores firmantes recuerdan que la Comisión se comprometió a realizar un análisis exhaustivo junto con el Consejo de la UE para examinar cómo dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIJ. Pero, como señala el texto, “hasta la fecha no se ha presentado ninguna propuesta concreta para debatir cómo interrumpir de forma efectiva el comercio con los asentamientos ilegales”.
El documento denuncia la inacción institucional y reclama medidas tangibles: “En un mercado europeo unificado, donde la UE ostenta la competencia exclusiva en política comercial, necesitamos que la Comisión elabore propuestas claras que aseguren el cumplimiento de las obligaciones marcadas por el tribunal internacional”. Además, expresan su disposición a colaborar con las instituciones comunitarias y solicitan la creación de un calendario definido para avanzar hacia ese cumplimiento, especialmente de cara al primer aniversario del dictamen de la CIJ.
Este llamamiento coincide con la presentación inminente del informe del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre el estado del acuerdo comercial UE-Israel, solicitado por una mayoría de países hace más de un año y medio, tras el recrudecimiento de la ofensiva israelí en Gaza. Desde entonces, más de 50.000 personas han sido asesinadas, en su mayoría civiles, en una operación militar que ha devastado la Franja y dejado a su población al borde de la hambruna.
La situación humanitaria en Gaza se ha visto agravada por el férreo bloqueo impuesto por el gobierno de Benjamín Netanyahu, que impide la entrada de ayuda humanitaria. En este contexto, las palabras de Kallas durante un debate en el Parlamento Europeo este miércoles han marcado un giro en su tono habitual. Por primera vez, acusó abiertamente al Ejecutivo israelí de violar el derecho internacional, al “forzar el desplazamiento de la población civil gazatí” y buscar “el control total del territorio de la Franja”.
A pesar de esta crítica explícita, Kallas reconoció las limitaciones políticas que enfrenta dentro de la UE, donde las divisiones internas sobre el conflicto de Oriente Medio siguen bloqueando una respuesta unitaria. “Puedo proponer medidas, pero no saldrán adelante ni en el Colegio de Comisarios ni en el Consejo”, lamentó, antes de preguntarse retóricamente: “¿Suspender el acuerdo comercial detendría la matanza? Sabemos la respuesta. No lo hará”. Con todo, reiteró su preferencia por mantener abiertos “los canales de comunicación con Israel”.
Estas declaraciones, aunque algo más contundentes que las expresadas por su predecesor, Josep Borrell, siguen dejando un sabor amargo en quienes consideran que Europa ha sido, en el mejor de los casos, un espectador pasivo ante una tragedia humanitaria de enorme magnitud. Borrell, por su parte, no ha dudado en señalar las contradicciones de Bruselas en su relación con Israel y ha criticado abiertamente la reacción de la Comisión Europea frente al ataque israelí contra Irán, calificado por Ursula von der Leyen como “un ejercicio legítimo de defensa propia”.
“No soy admirador del régimen de los ayatolás”, matizó Borrell en un acto en la Casa Árabe, “pero eso no justifica bombardear a un vecino cada vez que su gobierno no nos gusta. ¿En qué clase de mundo queremos vivir?”.
Estas palabras subrayan la creciente sensación de que Europa, pese a su retórica de defensa de los derechos humanos y del orden internacional basado en normas, sigue rehén de intereses geopolíticos y de una falta de voluntad política para actuar con coherencia. Mientras tanto, en Gaza, la cifra de víctimas sigue creciendo y la comunidad internacional parece más preocupada por no incomodar a sus socios que por proteger a la población civil atrapada entre los escombros.
