El rey Juan Carlos I decidió irse al exilio a Emiratos Árabes Unidos el 3 de agosto de 2020. Un año después de haber trasladado su residencia aturdido por los escándalos que lo rodeaban en España en torno a su finanzas y vida privada, el emérito sigue sin tener fecha de regreso a su país. Su destino ha sido polémico, no solo por la lujosa vivienda en la que reside, sino también por los derechos que se vulneran.

Emiratos Árabes Unidos es una monarquía absolutista del Golfo Pérsico, donde no hay libertad de expresión, se esclaviza a migrantes y hay pena de prisión para homosexuales. En este país los hombres pueden casarse con hasta cuatro mujeres a la vez si las pueden mantener y hasta hace algunos meses se permitía el “crimen del honor” (crímenes cometidos contra mujeres miembros de la propia familia con el fin de castigar una conducta sexual considerada inadecuada).

No es el único aspecto por el que las mujeres están discriminadas. Necesitan una carta de su marido que las autorice a conducir, así como para pedir un crédito al bando o cambiar de tarifa telefónica. En definitiva, las mujeres necesitan el permiso de su marido para abrir un negocio, trabajar o tomar cualquier tipo de iniciativa en su vida pública.

Asimismo, las relaciones extraconyugales o la homosexualidad están penadas. La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) sitúa a Emiratos en el listado de países donde se puede potencialmente imponer la pena de muerte por actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo.

Que las relaciones homosexuales no están permitidas ni aceptadas socialmente en el país se puede ver en las recomendaciones de viaje del Gobierno de España, donde se señala que “debe evitarse cualquier gesto de afecto en público”.

Además, este Estado continúa restringiendo la libertad de expresión, y ha tomado medidas para silenciar a personas de ciudadanía emiratí o residentes en el país que expresaban opiniones críticas. No obstante, se sigue prohibiendo la oposición política y encarcelando a sus miembros.

Las mujeres no son el único grupo de la población discriminado, además de los opositores, también sufren la ley de este país los migrantes. Los ciudadanos extranjeros representan más del 88,5% de la población y son los más pobres los que levantan los grandes lujos de las élites. Consiguen trabajo mal pagado gracias al sistema común en el Golfo Pérsico llamado kafala: son ellos los que abonan al empleador cuantiosas sumas de dinero por obtener visas que les permitan quedarse en el país. A cambio, las condiciones laborales y económicas son pésimas.