Bruselas aprueba el modelo migratorio de Meloni para la UE con la oposición de España

Los ministros del Interior de la Unión Europea han aprobado este lunes nuevas normas para endurecer la política migratoria y acelerar las expulsiones de migrantes irregulares. Una medida a la que España ha despachado con la abstención. A su llegada, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazaba los términos argumentando la defensa de los valores fundamentales de la Unión Europea. “Hay muchas cosas sobre las que se puede negociar, pero cuestiones de valores, yo creo que eso es una línea roja para nosotros”, ha declarado el ministro.  

Las nuevas regulaciones introducen mecanismos legales para crear centros de deportación fuera del territorio de la UE y procesar solicitudes de asilo en terceros países seguros. El modelo se inspira en los acuerdos entre Italia y Albania promovidos por la primera ministra italiana y ultraderechista Giorgia Meloni. Los migrantes podrán ser retenidos hasta dos años, prorrogables en períodos sucesivos de seis meses.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya expresó “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre los centros de retorno, citando un potencial “impacto negativo” en las relaciones bilaterales con socios clave. España también rechazó la falta de reconocimiento obligatorio de las decisiones de expulsión en toda la Unión Europea y la posibilidad de detención indefinida de migrantes.

Marlaska: "Hay muchas cosas sobre las que se puede negociar, pero cuestiones de valores, yo creo que eso es una línea roja para nosotros"

Grande-Marlaska insistió en que España está "absolutamente involucrada en la lucha contra la inmigración irregular”. Por su parte, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, afirmó en Bruselas que el país es una "buena prueba" de que es "perfectamente compatible" acometer una "gestión eficaz de la política migratoria" sin lacerar "los derechos humanos".

El ministro danés Rasmus Stoklund, cuyo país ostenta la presidencia de la UE, justificó las medidas por la causa de “un alto flujo de migrantes irregulares y nuestros países están bajo presión”. Además, Stoklund alega que hay “miles de personas se ahogan en el Mediterráneo o sufren abusos a lo largo de las rutas migratorias, mientras los traficantes de personas acumulan fortunas”.

Según Stoklund, el sistema actual genera “incentivos perversos y un fuerte efecto llamada”. En cuanto a la mayoría de los Estados miembros, estos defienden tramitar solicitudes de asilo en terceros países seguros para reducir los incentivos de viajes peligrosos hacia Europa.

El texto aprobado recoge tres regulaciones clave: una para simplificar expulsiones; otra sobre terceros países seguros; y una lista común europea de países de origen seguros. Esta última incluye a Marruecos, Colombia, Túnez, Kosovo, Bangladesh, India y Egipto.

Las tres regulaciones requieren aún negociación y aprobación del Parlamento Europeo, aunque no se esperan cambios significativos. Las deportaciones forzosas serán obligatorias para migrantes que no cooperen, huyan a otro Estado miembro o representen un riesgo de seguridad.

Orbán desafía a Bruselas

Al poco de que trascendiera el acuerdo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha abierto un nuevo frente con Bruselas al rechazar de plano el pacto suscrito por los Veintisiete para repartir 21.000 reubicaciones de migrantes durante el segundo semestre de 2026. El mecanismo, que busca aliviar a los países más presionados por la llegada de solicitantes de asilo – entre ellos España, pese a su abstención -, no es del agrado del dirigente ultraconservador, que ha vuelto a desmarcarse y redobla su desafío a la Unión Europea.

Orbán ha calificado el pacto como “inaceptable” y aseguró que Hungría no acogerá migrantes. También ha advertido de que tampoco sufragará las compensaciones económicas previstas para aquellos estados miembros que no quieran recibir a ninguna de estas personas. Así lo ha trasladado a través de un mensaje difundido en redes sociales, en el que el líder magiar sostuvo que Budapest “ya gasta suficiente” en protección de la frontera exterior de la UE y que Bruselas intenta “obligar” al país a asumir más carga migratoria. En este sentido, proclamó que “comienza la rebelión” contra el Pacto de Migración y Asilo, que todos los socios deberían aplicar antes de junio del próximo 2026.