Lo que está sucediendo en Afganistán y lo que seguramente está por llegar solo puede calificarse como tragedia. Se teme que con la llegada de los talibanes al poder el país retroceda en derechos, siendo las más afectadas las mujeres y, en realidad, todos aquellos que no comulguen con el nuevo mando. Esta situación ha provocado la desesperación absoluta por parte de los afganos. La mayoría de ellos han decidido huir o, al menos, intentarlo; un hecho que cada vez es más complicado, sobre todo desde que el pasado martes los talibán prohibieran a los ciudadanos dirigirse al aeuropuerto de Kabul.
Como suele ocurrir en estos casos, hay quienes buscan sacar rédito de una situación de terror. Este es el ejemplo del polémico multimillonario Erik Prince quien, según informa The Wall Street Journal y recoge El Mundo, estaría ofreciendo billetes de avión por el precio desorbitado -más teniendo en cuenta la situación actual y el nivel económico de la sociedad afgana- de 6.500 dólares (unos 5.500 euros). Quien pague este dinero puede ser transportado de forma segura adentro del aeropuerto Hamid Karzai y colocado en uno de los aviones que salen del país. No suficiente con esto, los que quieran ser rescatados en sus propios hogares 'solo' tienen que pagar una tasa extra.
Erik Prince es conocido, principalmente, por ser aliado empresarial del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, ex Navy Seal y cofundador de Blackwater, la subcontrata militar acusada de matar a 17 civiles en Irak. También ha sido acusado de violar los embargos de armas a Somalia y Libia.
Además de este hecho, y mientras miles de estadounidenses y afganos siguen esperando a ser evacuados, el pasado miércoles dos legisladores del país que lidera Joe Biden, el demócrata Seth Moulton y el republicano Peter Meijer, viajaron a Afganistán para ser testigos de las evacuaciones. Lo habrían hecho, según señala la agencia France Presse, en un viaje no autorizado y en secreto. Ambos defendieron, a forma de justificación, que el vehículo "no estaba lleno".
La situación sigue siendo crítica en el país asiático, sobre todo después de la prohibición talibán, mientras que los gobiernos -entre ellos el de España- siguen redoblando esfuerzos para poder traer a personas evacuadas, traductores y cooperantes.
