Desde el 31 de octubre de 2014 el que fuera consejero madrileño, dirigente del PP y alcalde de ValdemoroFrancisco Granados, vive en la prisión del Centro Madrid VII de Estremera. Su condición de prisión condicional se alarga, aunque Granados ha pedido ya en varias ocasiones comparecer para, según anunciaba, colaborar con la Justicia.

Él ha intentado de todas las formas posibles, o eso cree, convencer al juez para que le dejen en libertad, para esperar en su casa a que se le juzgue como uno de los cabecillas de la trama Púnica. Sus explicaciones no han convencido y aunque se esperaba que tirara de la manta, ha jugado más bien a tirar balones fuera. Ahora, en esta línea ha otorgado un poder sin límites para que el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional investigue todas sus cuentas.

Según ha explicado en el documento que ha presentado ante la Audiencia Nacional, al que ELPLURAL.COM ha tenido acceso, la decisión de mantener a Granados en prisión preventiva se sustenta en que el juez Eloy Velasco cree que tendría un patrimonio oculto que podría desaparecer con él en libertad.

La defensa del popular siempre ha desmentido la existencia de ese dinero. Por eso, no ha dudado en ofrecer un poder con el que dan acceso libre y sin ninguna restricción para que se investiguen todas las cuentas de Granados en España y en el extranjero.

“En su deseo de colaborar con la justicia, el Sr. Granados quiere ofrecer al Juzgado un medio que quizás contribuya a conocer cuál es su situación económica real” pues, tal y como mantiene, no hay más bienes que los que ya han sido intervenidos.

Quedar en libertad

La razón por la que Granados da este poder es clara: busca quedar en libertad lo antes posible.

Cree que así el juez Eloy Velasco podrá dar por terminada rápidamente la instrucción el caso Púnica y poner fecha para iniciar el juicio. “Entendemos que con tan amplias facultades podría el Juzgado completar su labor investigadora y alcanzar el convencimiento de que mi representado (Granados) está diciendo la verdad”.

Granados está acusado por posibles delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude dentro de la Trama Púnica