Movimiento clave del Gobierno contra el Partido Popular. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha paralizado la derogación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones propuesta por los populares en el Senado. Los de Alberto Núñez Feijóo aprovecharon su mayoría absoluta en la Cámara Alta para presentar una proposición de ley que buscaba eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a nivel nacional, pero la Administración central en funciones ha vetado esta propuesta a través de un escrito de disconformidad, un mecanismo de la Constitución que le habilita para detener cualquier iniciativa que pueda suponer un aumento del gasto o reducción de los ingresos. Y es que precisamente el Gobierno asegura que la eliminación de este gravamen impacta en los Presupuestos Generales del Estado en unos 2.800 millones de euros.
El Gobierno veta la derogación de Sucesiones y Donaciones del PP
Haciendo valer la capacidad reconocida que le otorga la Constitución, el Gobierno de Pedro Sánchez ha paralizado en el Senado la proposición de ley del Partido Popular para derogar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en todo el territorio nacional. Lo ha hecho a través de un escrito de disconformidad en la Cámara Alta, lo que impide que la tramitación de esta norma avance. Se trata de un mecanismo contemplado en el artículo 134.6 de la Carta Magna, lo que habilita a la Administración central a emitir un documento que detiene por completo cualquier iniciativa que pueda suponer un aumento de los gastos o una reducción de los ingresos dentro del Presupuestos Generales del Estado en vigor.
A principios de este mes de octubre, los de Alberto Núñez Feijóo presentaron esta proposición de ley en el Senado, cámara en la que cuentan con mayoría absoluta, con el objetivo de comenzar a tramitar casi sin oposición esta propuesta, que plantea la supresión a nivel nacional del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, después de que varias comunidades autónomas ya hayan acabado con este gravamen en sus territorios, como Baleares, La Rioja, la Comunidad Valenciana y Canarias. En concreto, el texto propone directamente la supresión de este tributo para toda la nación argumentando que este impuesto "no llega al 1% de los ingresos tributarios", "por lo que su eliminación no reviste ningún tipo de perjuicio insoportable para la recaudación global".
Un impacto de 2.800 millones de euros
Sin embargo, el Gobierno ha utilizado este mecanismo para dar por concluida su tramitación sin que proceda su toma en consideración, alegando que esta proposición de ley "incide directamente en los Presupuestos Generales del Estado en vigor". Y es que además de lo ya señalado, dentro de su propuesta el PP quería además que el Gobierno central compensara económicamente a las Comunidades Autónomas por la supresión de este impuesto con el importe recaudado por cada Ejecutivo regional en el último ejercicio fiscal. En este caso, el Ejecutivo estima que esta la propuesta impacta en los Presupuestos Generales del Estado en más de 2.800 millones de euros, según recoge el escrito remitido por la Secretaría de Relaciones con las Cortes a la Cámara Alta.
Para calcular esta contrapartida, se realizarían los ajustes y correcciones necesarios en los recursos del sistema de manera que el importe que corresponda a la compensación estatal del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para sea equivalente al valor señalado con ese último ejercicio fiscal, según plantea el PP. Algo que se haría al mismo tiempo que se reforma el sistema de financiación autonómica. Pero los efectos no son baladí. Por un lado, la eliminación de este gravamen reduciría la recaudación de la parte del tributo no cedido a las comunidades autónomas en cerca de 140 millones, según la recaudación media que se ha producido en los últimos años. Algo que se suma a la compensación prevista por los populares, cuyo importe supondría unos 2.678 millones, según la recaudación media entre los años 2015 y 2018 recogida en la Contabilidad Nacional.
Es decir, suprimir este impuesto impacta en los PGE en vigor en unos 2.800 millones de euros, según las cuentas del Ejecutivo. Esta propuesta era una de las dos iniciativas planteadas por el Partido Popular en el Senado, donde tiene mayoría absoluta tras las elecciones generales del pasado 23 de julio, que buscan impulsar sendas rebajas fiscales como columna vertebral de su estrategia política. La otra es llevar a cabo una rebaja del IVA aplicado a los servicios de peluquería, barbería y estética del 21% al 10%, que se suma con las insistentes peticiones para extender la disminución en el IVA de los productos básicos a la carne, el pescado y las conservas. Estas últimas en el marco de los efectos de la inflación por la guerra de Ucrania y los paquetes aprobados por la Administración de Pedro Sánchez.
