El Gobierno quiere dar un nuevo golpe al franquismo. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige el socialista Ángel Víctor Torres Pérez está elaborando un Real Decreto sobre un amplio catálogo de símbolos de la sublevación y la dictadura franquista que las administraciones públicas estarán obligadas a eliminar como parte del cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.
En concreto, esta norma recoge en su artículo 36 la necesidad de confeccionar un inventario de elementos "contrarios a la memoria democrática", y este decreto pretende terminar con la falta de concreción en esta norma. Así, según publica elDiario.es, este texto busca "concretar y definir con precisión el contenido del catálogo" y "precisar plazos y trámites" para garantizar "eficacia y seguridad jurídica" en su aplicación.
Un catálogo de símbolos franquistas
"Este catálogo es un instrumento esencial para la retirada de aquellos elementos que, de acuerdo con la ley, se consideren contrarios a la Memoria Democrática y facilita las obligaciones de quienes están llamados a retirarlos", recoge textualmente el ministerio sobre el Real Decreto que se encuentran preparando para acometer la retirada de los símbolos franquistas que todavía quedan en el territorio nacional.
Desde la cartera liderada por Torres aseguran que tanto su eliminación como la elaboración del catálogo se hará "en colaboración con el resto de administraciones públicas". De hecho, el proceso de creación del inventario se ha abierto a asociaciones y víctimas de la dictadura, por lo que "todo será visto y revisado por una comisión técnica de expertos y expertas" antes de formar parte del listado final dado que "no caben" símbolos franquistas en España, como ha sostenido el ministro.
Hoy he firmado 29 declaraciones de reparación a personas que sufrieron persecución y violencia por razones políticas en la dictadura.
— Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) October 3, 2024
También, la nulidad de los procesos judiciales y la ilegitimidad de los tribunales.
Estas declaraciones serán entregadas pronto a sus familias.… pic.twitter.com/w8fPwUxrpp
La norma planteada por el Gobierno no solo prevé detallar qué elementos hay que retirar para cumplir con la Ley de Memoria Democrática, sino que también pretende establecer un procedimiento para obligar a administraciones, entidades o instituciones a eliminar estas exaltaciones del franquismo en caso de que se nieguen. En ese caso, la administración podrá "incoar de oficio" el procedimiento dando trámite de audiencia "a las personas interesadas" y comunicando la resolución en un plazo máximo de seis meses.
Si la resolución acuerda la eliminación del elemento, deberá cumplirse en tres meses. Además, la ley reserva la posibilidad de "imponer multas coercitivas", hasta diez sucesivas por periodo de un mes de entre 200 y 1.000 euros. Además, la norma considera “infracción grave” con sanciones de entre 2.001 y 10.000 euros el incumplimiento de las resoluciones cuando los símbolos “entrañen descrédito, menosprecio o humillación” de las víctimas.
Elementos que siguen en pie en España
La Ley de Memoria Democrática considera "elementos contrarios a la memoria democrática" símbolos tales como edificios, escudos, placas, insignias, construcciones o cualquier elemento situado en la vía pública en la que hayan exaltaciones de las sublevación militar y la dictadura, “de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que la sustentaron”, así como unidades civiles y militares que colaboraron con Alemania, Italia y Japón en la II Guerra Mundial.
La norma, que entró en vigor hace ya dos años, hace también referencia a topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, al tiempo que establece su retirada tanto si están en el espacio público como si están ubicados en edificios de carácter privado o religioso “pero con proyección al espacio o uso público”. También contempla la excepción de aquellos símbolos que son “de estricto recuerdo privado” o cuando concurran razones artísticas, recuerda el citado diario.
Sin embargo, en pleno 2024 todavía hay cierta simbología franquista que no ha sido retirada, como las placas del Instituto Nacional de Vivienda que todavía cuelga de algunos edificios, así como cruces o lápidas a los caídos o escudos del águila franquista. Entre los lugares con más recuerdos de la dictadura están San Pedro del Pinatar, en Murcia, con once calles relacionadas con la sublevación, o pueblos como Alberche del Caudillo o Alcocero de Mola.
Pero si hay un caso llamativo es el de la ciudad de Santander, donde la reforma de la antigua sede del Banco de España ha estado en el centro de la polémica. En concreto, por la vidriera central del edificio, donde aparece el águila del escudo franquista. Esta ha sido retirada para su conservación como parte de las obras pero el Ayuntamiento de la capital de Cantabria no ha comunicado dónde está guardada.
