El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la desclasificación del auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas, mediante el cual se autorizó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para intervenir el móvil del president de la Generalitat, Pere Aragonès. El Ejecutivo ha adoptado la decisión en el marco del aplazamiento forzado de la declaración como imputada de la ex directora del centro Paz Esteban ante el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, en la investigación del caso Pegasus y a petición del instructor, según avanza El Confidencial.
Estaba prevista la declaración de Paz Esteban como investigada después de admitir a trámite una querella interpuesta por el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Sin embargo, un aluvión de recursos que mencionaban su obligatoriedad a guardar silencio hasta que el Gobierno desclasificara la información que tiene en su poder provocaron que su testimonio se pospusiera. Ahora, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la desclasificación de esos documentos que permitirán que el caso acelere plazos.
Defensa e Interior han accedido a facilitar la información requerida, aunque se hará de forma limitada, sin permitir el acceso a todos los datos que, sin embargo, reclaman desde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Por el momento, la aprobación del Gobierno allana el camino a la entrega del material que pruebe que las escuchas tuvieron la aprobación judicial y se practicaron en escrupuloso cumplimiento de la legalidad vigente, lejos de las pretensiones de la formación independentista.
El titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona validó la maniobra del jefe del Ejecutivo catalán sobre el espionaje a los teléfonos móviles de personas vinculadas al independentismo catalán. La querella, interpuesta por Andreu van den Eynde, quien liderara el equipo legal de Oriol Junqueras durante el juicio del procés, pivotaba en torno a OSY Technologies; una firma con sede en Luxemburgo y de propiedad israelí a través de la participación de NSO Group, responsable del apartado tecnológico. Así, el magistrado ordenó la remisión de una comisión rogatoria a Israel para recolectar una serie de informaciones que aún se encuentran en tramitación.
En el auto, según El Confidencial, el juez accedió a las diligencias solicitadas por Esquerra, aunque aún no han hallado la respuesta que buscaban. Deja la puerta abierta a la posibilidad de “infracciones penales”, como la “intercepción ilegal de comunicaciones y espionaje informático”. En lo relativo a la actividad del Centro Nacional de Inteligencia, según figura en el escrito, el magistrado requería la desclasificación de “información relativa a la compra y posible uso del programa Pegasus”. Quería conocer si el CNI dispone de autorización de su utilización en el territorio español o si otros organismos, en cambio, tendrían licencia, así como saber si cuenta con licencia para su uso. En este sentido, se solicita documentación que acredite la identidad de la entidad mercantil que adquirió la licencia y las personas que actuaron en nombre del centro.
El magistrado, siguiendo el sendero abierto por ERC en la querella, reclamaba la aportación de documentos vinculados al encargo, compra instalación y pago del software Pegasus y si, en tal caso, se ha hecho uso del mismo para pinchar el teléfono del president catalán; lo cual concedería un acceso completo al dispositivo de Aragonès. Del mismo modo, solicita el desglose de los registros de eventos o incidencias, información o datos al uso del propio programa sobre todo tipo de dispositivo vinculado al dirigente independentista.
El auto también interpela al magistrado del Alto Tribunal Pablo Lucas, titular del control judicial del CNI, para que ratifique si autorizó o no el pinchazo al teléfono del president de la Generalitat. “En caso afirmativo, que remita testimonio de las resoluciones judiciales por las cuales se ha autorizado la injerencia”, recoge el texto, aunque, con arreglo a la ley, está obligado a guardar silencio sobre sus actuaciones.
18 objetivos independentistas
La ex presidenta del CNI admitió en el Congreso de los Diputados, ante la Comisión de Secretos de la Cámara Baja en mayo de 2022, que se practicaron escuchas a 18 líderes independentistas con la tecnología Pegasus, en virtud de sospechas sobre presuntas actividades ilícitas. No obstante, Esteban remarcó entonces que el operativo contaba con el visto bueno de la Justicia. Entre la lista de espiados figuran, al margen de Aragonès, la portavoz de Junts en el Parlamento, Míriam Nogueras; Albert Botran y Carles Riera; el portavoz de Ómnium Cultural, Marcel Mauri; los tres ingenieros de Tsunami Democràctic y miembros del círculo de confianza del expresident Carles Puigdemont.
La ex responsable de la inteligencia española ya exhibió entonces -a puerta cerrada- las autorizaciones judiciales para iniciar las intervenciones. NO obstante, el CNI se desvincula de las otras 60 escuchas que, según The New Yorker, se llevaron a cabo entonces.
