La investigación del espionaje a los dirigentes independentistas catalanes a través del programa Pegasus ha dado un vuelco en las últimas horas. Este lunes un juez de Barcelona ha llamado a declarar como imputada a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tras admitir a trámite la querella del president de la Generalitat, Pere Aragonès, por haber sido espiado. Paz Esteban -que fue cesada en 2022 tras el escándalo político- se convierte así en el primer cargo del servicio de inteligencia del Estado en estar investigado por este mediático caso. El togado ve indicios de varios delitos de revelación de secretos y contra los derechos fundamentales.

De esta forma, el magistrado del juzgado de instrucción 29, Santiago García, ha hecho valer las diligencias propuestas por la defensa del ahora president para esclarecer el "espionaje político" del que Aragonès fue objeto por parte del CNI cuando era vicepresident del Govern que lideraba Quim Torra. En el litigio presentado por Andreu Van den Eynde figuran también como querellados la empresa de Luxemburgo OSY Technologies SARL, propietaria de NSO Group Technologies Limited y Q Cyber Technologies Limited, con base en Israel. Tanto Aragonès como Esteban están llamados a declarar el próximo 13 de diciembre.

La exdirectora del CNI, imputada por Pegasus

Este lunes se ha conocido que el magistrado Santiago García ha considerado "procedente" en su resolución admitir a trámite la querella del president Pere Aragonès contra la cúpula del CNI a cuenta del caso Pegasus dado que a su juicio "los hechos relatados presentan características de hacer presumible la posible existencia de infracciones penales, entre otros, de la intercepción ilegal de comunicaciones y espionaje informático". De esta forma, el juez se acoge a la investigación de Citizen Lab, que en abril de 2021 destapó el llamado Catalan Gate, y precisa que el móvil del dirigente catalán habría sido infectado a través de varios SMS en enero de 2020, cuando ostentaba el cargo de vicepresidente del Govern de Quim Torra.

Así, ha acordado la imputación de la exdirectora del CNI al tiempo que ha solicitado varios requerimientos tanto al propio Centro como a NSO Group, la empresa israelí que comercializa Pegasus. También al Tribunal Supremo y al de Cuentas. En concreto, el instructor ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo de la Cueva -responsable del control judicial del CNI- que certifique si dio luz verde al uso del software como aseguró la propia Paz Esteban en la comisión del Congreso y, en caso de que sea así, remita los autos judiciales que lo argumentaron. En este escenario, Aragonès ya avanzó que acusaría de prevaricación al magistrado mientras Van den Eynde argumentó en su querella que "no puede existir ninguna justificación" para el uso de un programa "de monitorización absoluta".

Además, el juez ha reclamado al servicio de inteligencia ciertas informaciones, como si ha adquirido Pegasus u otro producto similar a la empresa israelí, el nombre de los funcionarios y responsables que participaron en esa compra así como los datos del hackeo que todavía tengan. Pero antes de formalizar esta solicitud al CNI, el magistrado ha enviado una solicitud de "pertinente desclasificación" de información al Consejo de Ministros debido a que se trata de asuntos de inteligencia nacional. Por otra parte, García también busca seguir el rastro del dinero y ha solicitado al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado que le aporten documentos contables para comprobar si el CNI pagó por este software de espionaje. Al mismo tiempo, también ha solicitado a la filial de NSO que identifique a los responsables así como documentación de venta.

Peticiones al Supremo y al de Cuentas

Asimismo, el magistrado ha dado por bueno en su resolución el peritaje de parte presentado por Aragonès sobre la incursión en su móvil más allá del propio resultado por parte de Citizen Lab, y rechaza intervenir este dispositivo para ser analizado desde el juzgado, cómo exige la Fiscalía al resto de querellantes y como la mayoría de jueces han mantenido como exigencia. Cabe recordar que Esteban sí admitió en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados que el ahora president de la Generalitat de Cataluña había sido uno de los 18 dirigentes independentistas infiltrados con el programa espía, pero siempre con la autorización de Murillo de la Cueva, magistrado del Supremo encargado del control de la actividad del centro.

Esteban era una veterana del servicio de inteligencia nacional y la primera mujer en ocupar la dirección en 2019, pero fue cesada en mayo del 2022 tras su comparecencia en la Cámara Baja y en medio de la crisis política entre el PSOE y ERC por Pegasus. Un caso que se paralizó por falta de seguridad en las competencias de los juzgados. Finalmente el juez de Barcelona ha fijado la declaración como investigada de Esteban para el próximo 13 de diciembre, misma fecha en la que Aragonès comparecerá como perjudicado. Según el auto, la "intromisión no autorizada en equipos informáticos", la "interceptación ilegal" de las comunicaciones y su supuesto "espionaje" puntual mediante Pegasus podría ser constituvo de varios delitos de revelación de secretos así como un delito contra los derechos fundamentales.