Este sábado, el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea un plan económico marcado en dos hipótesis futuras debido a la posibilidad de que el escenario pueda cambiar próximamente. Si algo nos ha enseñado la situación económica global es lo difícil que es hacer previsiones.

En la primera posibilidad, se explica el proyecto de ley de Presupuestos llevado al Congreso de los Diputados, mientras que en la segunda se marca la posibilidad de invertir 10.000 millones de euros más para ayudar a los ciudadanos y empresas más afectados por la crisis energética.

"En este Plan Presupuestario se ha trabajado en un escenario dos que prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime más adecuadas con el fin de proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética”, destaca el documento de Hacienda. Asimismo, España señala a Bruselas que prevé aumentar en 10.500 millones los ingresos de 2022: “Para 2023, a su vez, se prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas más adecuadas”.

Del mismo modo, el Gobierno se congratula por el hecho de que "la economía española ha confirmado su resiliencia con una previsión de crecimiento económico del 4,4%, avalada por los principales organismos nacionales e internacionales, que durante las últimas semanas han revisado al alza sus previsiones. El crecimiento previsto para este año se basa en la intensa creación de empleo de calidad, el mantenimiento del superávit exterior y el crecimiento de la inversión gracias a la implementación del Plan de Recuperación".

El Ejecutivo también defiende ante la Comisión Europea las políticas económicas aprobadas para luchar contra la pandemia y paliar los efectos de la Guerra de Ucrania y cómo se ha realizado un cambio estructural en el mercado laboral: "Está generando ya beneficios en la estabilidad del empleo, con el incremento de los empleados con contratos indefinidos, la reducción del porcentaje de temporalidad entre los afiliados a la Seguridad Social, que ha caído por debajo del 20% por primera vez en la historia, y la reducción del desempleo juvenil. Se estima que desde 2019 se ha producido un afloramiento de empleo procedente de la economía sumergida de 285.000 afiliados a la Seguridad Social, de los cuales 250.000 serían asalariados y 35.000 autónomos, lo que tendría un impacto positivo en términos fiscales por el aumento de ingresos netos".

Otro de los objetivos que se marca el Ejecutivo de Pedro Sánchez es la de combatir el déficit y la deuda: "En 2022, la deuda continuará la senda descendiente que se inició el pasado, prolongándose esta tendencia en 2023, lo que permitirá reducir la ratio deuda PIB en 2023 un total de 8 puntos de PIB respecto a su valor en 2020. Por su parte el déficit de las Administraciones Públicas se situará en 2022 en el 5% del PIB, cerca de 2 puntos inferior al de 2021, y en 2023, se mantendrá la senda descendente y se prevé que se reduzca hasta 3.9% del PIB", argumenta el texto.