El fiscal contra los delitos de odio y discriminación Alfonso Aya ha pedido al Tribunal Supremo abrir diligencias penales contra Javier Ortega Smith por sus palabras sobre las 13 rosas

En octubre de 2019, el parlamentario y aforado de Vox​ aseguró en periodo de precampaña, en la televisión pública y en horario de máxima audiencia que  "las que llamaban Las 13 rosas lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente". "Sí, sí, cometieron crímenes brutales en las checas", añadía. Tras el revuelo generado, esa misma tarde se volvió a reafirmar desde su cuenta de Twitter:  "Si tanto quieren memoria histórica, que no se pongan tan nerviosos cuando les recordamos la parte de la historia que intentan ocultar, no eran 13 rosas, eran 13 asesinas".

Unas circunstancias que, según el fiscal, "conlleva un evidente alcance del discurso realizado del que, independientemente de su intencionalidad, el autor debe razonablemente suponer sus efectos discriminatorios e incluso incitadores al odio y a la hostilidad". En consecuencia, Aya considera que el ultraderechista no sólo "atacó la dignidad" de Las 13 rosas, sino también la de todas aquellas personas que actualmente profesan la misma ideología. Por lo tanto, aquellas palabras "suponen no sólo un ataque a la dignidad de las personas que mantienen tal ideología sino también un peligro, potencial pero real, para las mismas, al incitar a terceras personas al odio sobre un colectivo basado en su ideología, creando o incrementando un peligro para tal colectivo o sus componentes".

Un mínimo de un año de prisión por fomentar el odio

Así, el Supremo debe decidir ahora si abre la investigación al parlamentario de Vox por un presunto delito de incitación al odio públicamente contra un grupo por razones ideológicas, lo que supondría un mínimo de un año de prisión para el secretario general del partido de Santiago Abascal

Para corroborar la falsedad de sus afirmaciones, el fiscal solicitó una copia autentificada de la sentencia de muerte de las 13 rosas, dictada por el Consejo de Guerra franquista en agosto de 1939, y confirma que "nada se dice en ella de hechos -delictivos- más allá de tener una determinada ideología". Muy al contrario, la sentencia argumenta la posibilidad de "recibir encargos para el futuro, sin que conste que tales encargos se hayan materializado en ningún acto, mucho menos en 'torturas, violaciones y asesinatos'", como insistía en asegurar Ortega Smith.