Los veinte años de gobierno del PP pueden acabar con Valencia devastada, sin control de su economía, ni de sus medios. La gestión de los sucesivos ejecutivos ha sido tan desastrosa que de las cajas que tenía la Comunidad, algunas tan grandes como Bancaja o la CAM, que estaban entre las cinco mayores del país, ya ninguna queda en manos públicas valencianas: una integrada en Bankia, la otra comprada por el Sabadell. En estos momentos, sólo una pequeña caja, la de Ontinyent, se mantiene en manos públicas en la Comunidad.

El fiscal se alinea con los sindicatos y pide que se rechace el ERE
Pero no son sólo las cajas de ahorro. Otro símbolo fundamental de la identidad valenciana se encuentra también amenazado de desaparición: Canal Nou. Como recordarán, la televisión autonómica tuvo que 'refundarse' ante la desastrosa gestión económica, que le había llevado a la quiebra técnica, y como parte de esa 'refundación' (más allá de una delirante lucha, incluidas descalificaciones y amenzas entre la vieja dirección, nombrada por el PP, y la nueva dirección, nombrada por el PP), se incluyó un ERE que afectó a más de mil trabajadores.

Los trabajadores de Canal Nou toman un plató en la época en que se estaba produciendo el ERE Los trabajadores de Canal Nou toman un plató en la época en que se estaba produciendo el ERE



Durante el proceso de reducción de empleo se cometieron numerosas irregularidades; pero además, como remate, después de expulsar a tres de cada cuatro trabajadores, la nueva directora general, Rosa Vidal, decidió 'salvar' en el último momento, sin razón legal aparente, a 186 técnicos. Los sindicatos presentaron una demanda pidiendo la anulación del proceso. Todo el asunto se trufó de tantos 'errores' que el propio fiscal ha decidido sumarse y pedir que 'se tumbe' el ERE.

'Los hombres de negro' de Montoro no consentirán una reincorporación de los trabajadores
El problema para Canal Nou, que en realidad es un problema para el gobierno de Alberto Fabra, es que si los jueces, como todo indica, dictaminan la readmisión de los despedidos provocarían un enorme agujero en las ya desastrosas cuentas de la Generalitat. Estamos hablando de decenas de millones de euros.., quizás incluso hasta de cien millones. Para una administración quebrada, y cuya contabilidad ya está casi totalmente intervenida por los 'hombres de negro' de Montoro, una carga quizás insoportable.

De hecho, este martes, el diario Levante advierte que caso de que la sentencia fuera favorable a los despedidos en el ERE, la Generalitat está considerando simplemente dejar caer Canal Nou. Se convertirían así en el primer gobierno autonómico que tendría el dudoso 'honor' de dejar morir 'su televisión'. El portavoz 'oficioso' de Fabra, Serafín Castellano, número dos del PP valenciano, ha salido ya a advertir que no es posible un 'cierre' de la televisión autonómica porque "defiende lo nuestro, las señas de identidad". Pero eso no parecen sino palabras ahora mismo.

El representante socialista en el Consejo de Administración, Josep Moreno, ha declarado a ELPLURAL.COM, que este cierre sería "el mayor de una empresa pública hasta el momento", y piensa que tanto la Generalitat como la dirección de Canal Nou pretenden usar esa 'amenaza' como "una forma de presionar a los jueces y, al tiempo, dividir a los trabajadores afectados por el ERE y los que se han quedado", pero también advierte, que "recurrir la sentencia de los jueces, si es favorable a los despedidos, sería una locura".

A Fabra le queda una decisión de las de tipo 'susto o muerte'
Ese es el problema que se plantea al Gobierno Fabra: si los jueces hacen caso al fiscal y a los sindicatos, hagan lo que hagan para ellos será un desastre. Si no recurren, porque Canal Nou no tiene, como decimos, una situación financiera que le permita afrontar la nómina que significa tener una plantilla de cerca de 1.500 trabajadores. Es más, el ministerio de Hacienda que supervisa las cuentas de la Generalitat y está recortando para ajustar su abultado déficit, no lo consentiría.

Pero si recurren la situación podría ser aún peor. Y esto porque la resolución del caso no haría sino postergarse hasta dentro de un año aproximadamente, la sentencia podría muy bien ratificar el mismo dictaminen que ahora resuelvan los jueces, y entonces la situación tendría un doble agravante para el PP valenciano: Canal Nou tendría que readmitir a los despedidos, pagar un año más de sueldos y volver a verse en la tesitura de cerrar lo que, a pesar de sus bajísimas audiencias, los valencianos ven como un símbolo propio; pero es que además todo esto sucedería a escasos meses de las elecciones autonómicas. Es decir, un desastre económico, al que se sumaría un desastre político.

Matar a Canal Nou parecería en estos momentos imposible. Pero salvar la televisión autonómica, si los jueces dictaminan a favor de los trabajadores que, ejerciendo su derecho, han reclamado su readmisión dadas las supuestas irregularidades en sus despidos, resulta igual de imposible. Para Fabra y su Consell se trata de una decisión trascendente, de esas que se califican de 'susto o muerte', lo que tiene a Canal Nou con la soga al cuello. La misma situación, por otra parte, en la que vive el propio president valenciano.