¿Chollo, trato de favor, amiguismo... o algo más? Una o todas las respuestas afirmativas son posibles cuando se trata de contratos realizados por la Generalitat Valenciana, con el caso Gürtel en la memoria como referencia. Solo hay que ver las cifras para sacar consecuencias tras conocerse que el Consell alquiló por 90.000 euros anuales l’Umbracle, -utilizado desde entonces como terraza y discoteca-, uno de los espacios públicos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, cuando su precio de mercado superaría el millón de euros.

Esa es la conclusión a la que ha llegado el diputado de EUPV en las Corts Valencianes, Ignacio Blanco, tras una investigación sobre la explotación por parte de empresas privadas de dos edificios públicos que conforman la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), en este caso el Oceanográfico y el Umbracle. El representante de EUPV no han encontrado la menor facilidad para su trabajo, al negarse el Consell de Fabra a facilitarle los contratos de Cacsa con las empresas adjudicatarias. Blanco señaló que, según la Sindicatura de Cuentas, la empresa arrendataria firmó el contrato con Cacsa el 23 de enero de 2007, a pesar de que se creó el 14 de febrero del mismo año, según consta en el Registro Mercantil. El contrato es de tres años prorrogables hasta 15.

Una ganga de alquiler de un espacio público
La terraza de l’Umbracle fue arrendada para su explotación como discoteca en 2007 a la empresa Ocio y Entretenimiento Costa Este S.L, por un importe de 90.000 euros al año. Se da la circunstancia que entre los accionistas de dicha firma figura Manuel Broseta Dupré,  hijo del senador Manuel Broseta, asesinado por ETA en Valencia hace veinte años. Broseta Dupré está al frente de un bufete de abogados que factura 12 millones al año y tiene 82 abogados a su cargos, tantos como letrados integran el servicio jurídico de la Generalitat,  de la que ha obtenido 91 contratos entre 2005 y 2011 por 2’5 millones de euros.

“No hay que ser un lince para darse cuenta que 90.000 euros de alquiler es una ganga para un espacio de estas características, con un aforo estimado de 5.000 personas en la terraza y 1.000 en la sala de discoteca, y en un entorno tan singular”, afirma Blanco, que calcula que “si se pagara a precio de mercado quizás estuviéramos hablando de más de un millón de euros”. Además, el diputado destaca que en las cuentas presentadas por la empresa al Registro Mercantil sólo consta un trabajador y 62.000 euros de gasto de personal pero 270.000 euros en servicios externos. “Resulta obvio que la explotación de la discoteca se ha subcontratado, derivando el negocio hacia otro entramado empresarial y dificultando por tanto el control público”, asegura Blanco.

Un canon que disminuye año tras año
En cuanto a L’Oceanogràfic, su explotación fue adjudicada en 2002 a la empresa Parques Reunidos S.A. para un periodo de 10 años que finaliza ahora. El canon pagado por la empresa a Cacsa ha ido reduciéndose en los últimos años, pasando de 4’16 millones de euros en 2007 a 3’41 millones de euros en 2010, según los datos que constan en los informes de la Sindicatura de Cuentas, pero se desconoce la cuantificación de las inversiones y gastos que asume CACSA en función de lo establecido en el contrato. “Si fueran superiores a esas cantidades, estaríamos ante un caso clarísimo de déficit provocado por la gestión privada de una instalación de la que se publicita su éxito de público”, señala el representante de EUPV.

Un “mordisco” de 1.300 millones a las arcas públicas
La construcción megalómana de las Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, obra del polémico arquitecto valenciano, Santiago Calatrava, le ha costado a las arcas públicas valencianas más de 1.300 millones de euros. Ante los rumores que apuntan a la privatización total o parcial del resto del complejo, Blanco ha exigido que se ponga   en marcha un proceso público, transparente y con participación sindical, en el cual se valore la posibilidad de una gestión pública directa e integral de todas las instalaciones para conseguir la eficiencia económica y la rentabilidad social del complejo de ocio.