Eso sí, aseguró que, por exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, "sí o sí" todas, las diecisiete comunidades, cumplirán con ese objetivo. Y lo harán con independencia del color político de sus gobiernos, sean del partido que sean, porque si algo tiene "clarísimo" el Gobierno, advirtió Montoro, es que sólo existe una opción: cumplir. "Es una prioridad absoluta el cumplimiento de los objetivos de déficit por parte de todas las administraciones públicas. El Gobierno lo garantiza", fue el mensaje rotundo del ministro al término de la reunión.
A partir de ahora, y en un plazo que no irá más allá de finales de julio, Hacienda mantendrá reuniones bilaterales con cada una de las comunidades "amonestadas", para analizar detalladamente su ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las medidas de ajuste a las que están comprometidas para alcanzar ese 1,5 % de déficit.
En el primer trimestre del año, según datos de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas, ocho, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja y País Vasco, terminaron con superávit, mientras que la Comunidad Valenciana registró equilibrio presupuestario o déficit cero. Otras ocho, Andalucía, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra, registraron déficit. En el conjunto, y descontando los anticipos recibidos desde la Hacienda estatal, las autonomías habrían tenido un déficit hasta marzo del 0,45 %. La meta final es el 1,5 %.
De no alcanzarse un acuerdo entre el Gobierno central y la comunidad "díscola", Hacienda elevaría al consejo de ministros una petición de "advertencia", que en última instancia, si no hay rectificación, podría acabar en la intervención directa de la comunidad incumplidora. De amarilla se pasaría a tarjeta roja.
Montoro logró esta tarde sacar adelante los objetivos de déficit autonómico para los próximos años, hasta 2015, si bien con la abstención de dos comunidades gobernadas por el PP, Extremadura y Castilla y León. Un hecho al que quiso restar importancia, ya que, según él, sus respectivos consejeros "están de acuerdo" con el fin último de reducir el déficit y cumplir los objetivos "obligatorios" para todos, volvió a recordar.
En contra de los planes de Hacienda votaron Andalucía, Canarias, Asturias y Cataluña. El resto de comunidades, algunas, como Galicia, disciplinadas pero reticentes, lo hicieron finalmente a favor. País Vasco y Navarra, por su régimen especial foral, participan en las reuniones del Consejo pero tradicionalmente no votan y mantienen posteriores reuniones bilaterales con Hacienda.
Cataluña y Andalucía se mostraron especialmente críticos con la actitud de Montoro. El consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell ha dicho que Montoro ha reñido a las autonomías, utilizando un "ordeno y mando" y no escuchando "ni a los suyos", a los que trata como"criaturas". En este mismo sentido, la consejera de Hacienda andaluza, Carmen Martínez Aguayo, ha dicho ver en el ministro un "tono amenazante", aunque no ha empleado la palabra "intervención".
La sopresa vino de la mano de Castilla y León y Extremadura. La primera justificó su decisión en que "es difícil comprometerse" sin conocer los ingresos que van a tener, mientras que Extremadura negó que su abstención pudiera ser interpretada como una insumisión. Así, el cosejero dijo que su voto se debía a que no le han convencido los argumentos del ministro Cristóbal Montoro.
