La  investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre la presunta fortuna oculta del rey Juan Carlos ha destapado una sociedad instrumental en la isla de Jersey vinculada a Manuel Prado y Colón de Carvajal, el empresario y administrador personal del monarca al que se atribuyó durante décadas el papel de testaferro . Las diligencias apuntan ahora a otro testaferro, que ha sido localizado en un geriátrico de Zaragoza.

El investigado es cuestión es Joaquín Romero Maura, un historiador de 81 años, quien prestó presuntamente su identidad para camuflar una estructura 'offshore' montada en la isla de Jersey por  Manuel Prado y Colón de Carvajal, en los años 90, según adelanta El Confidencial.

Cuando Manuel Prado y Colón de Carvajal falleció en 2009, Romero Maura se convirtió en el único gestor de los fondos opacos. La aparición de este otro presunto testaferro ha sorprendido a los investigadores porque se han producido movimientos de dinero sospechosos el pasado noviembre, cuando el historiador ya se encontraba ingresado en una residencia de la tercera edad de Zaragoza, con sus capacidades físicas y mentales mermadas.

El destinatario de los fondos podría ser el Emérito

La Fiscalía investiga ahora si esos movimientos de dinero se  produjeron o no con su conocimiento. Por el momento, las pesquisas apuntan a que el destinatario de esos movimientos con origen en Jersey fue Juan Carlos I, aunque no se realizaban a su nombre.

Los primeros cálculos cifran en unos 10 millones de euros el importe que habría permanecido escondido tras el nombre de Romero Maura. El trust habría sido constituido por Prado y Colón de Carvajal coincidiendo con la instrucción judicial del caso KIO, en los años noventa.

Se da la circunstancia de que el empresario y diplomático amigo del Rey emérito fue condenado en 2004 a dos años de prisión en una pieza separada de ese escándalo de corrupción por apropiarse de una cantidad similar a la descubierta por la Fiscalía, 11,4 millones de euros. Aquel dinero nunca apareció.

Indicios de blanqueo

Esta investigación está incluida en las terceras  diligencias de la Fiscalía Anticorrupción sobre el Rey emérito. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, anunciaron el pasado noviembre su apertura por indicios de un blanqueo de capitales. Las pesquisas partieron del aviso del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).