Vox cumple a rajatabla el tópico neoliberal de criticar el Estado hasta que vienen mal dadas. La formación de ultraderecha financió sus campañas electorales mediante dos créditos que pidió a un banco húngaro, respaldado por el ex primer ministro ultra Viktor Orbán, por un total de casi 14 millones de euros, y que trataron de ocultar al Tribunal de Cuentas. En lugar de recurrir a bancos españoles, el partido de Santiago Abascal se excusó en supuestas presiones del Gobierno que nunca demostró para pedir el dinero a esta entidad, cercana a su colega en Hungría, con unos intereses desorbitados.
Ahora, cuando el partido tiene que aprobar sus cuentas del año pasado, se ha descubierto que Vox ha presentado una demanda en los tribunales para que sea el Estado el que pague su deuda con Magyar Bank Holding (MBH), el banco que el Ejecutivo del ya ex mandatario de ultraderecha considera de “importancia estratégica nacional”.
Así figura en los cálculos que la formación debe aprobar en su asamblea anual, el próximo sábado en Madrid, y que recoge este jueves El País. La cantidad que Vox abonó en concepto de intereses a la entidad húngara asciende a 1,7 millones de euros. Esto corresponde al tipo acordado por los dos créditos con los que el partido financió sus campañas para las elecciones generales de 2023 y las europeas de 2024, de 6,5 y 7 millones de euros respectivamente.
Cuando se conoció todo, en septiembre de 2024, Vox se victimizó y alegó que en España era imposible recibir esos préstamos, a pesar de que en otras ocasiones han recibido dinero por parte del BBVA, el Banco Santander o Abanca, entre otras. También señalaron al Estado al que ahora reclaman que se haga cargo, apuntando al retraso “deliberado o no”, en palabras de la portavoz ultra Pepa Millán, del pago de las subvenciones electorales por parte de la Administración General.
El préstamo estuvo en el foco por opacidad y financiación ilegal
Lo cierto es que esta confesión fue más una huida hacia adelante de quien se sabe cazado que un ejercicio de transparencia. En un inicio, Vox no quiso revelar el nombre de MBH. La entidad se creó en 2020, por fusión de tres de los principales bancos de Hungría, y uno de sus mayores accionistas es Lörinc Mészáros, mecenas de una campaña de la ultraderechista francesa Marine Le Pen, y amigo íntimo del entonces primer ministro magiar, Orbán.
Los partidos deben publicar en su web las cuentas en las que aparecen, entre otras, “la cuantía de los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el importe otorgado, el tipo de interés y el plazo de amortización”, como máximo, un mes más tarde de enviarlas al Tribunal de Cuentas. Sin embargo, en el caso de Vox, los préstamos de MBH no aparecían reflejados en las de 2023, por lo que la formación incumplió ese punto de la Ley de Financiación de Partidos Políticos.
Esto motivó al Tribunal a reclamar la información, y fue solo entonces cuando el partido de ultraderecha reconoció haber recurrido al banco húngaro. Tras esto, el órgano fiscalizador se dirigió a la entidad para recabar más datos sobre los créditos, pero MBH nunca contestó. Aún así, se descartó una denuncia por financiación irregular, que sí presentó el PSOE y fue archivada por la Fiscalía Anticorrupción.
El argumento del Ministerio Público fue que Vox ya había devuelto el crédito, y que, además, lo había solicitado con un interés mucho más alto al que le habrían ofrecido en España, lo que despeja las dudas de que se trate de una donación o de un trato de favor. Entre 2023 y 2025, los tipos de interés de los bancos españoles estaban entre 2,5 y 6 puntos por debajo de los que Vox asumió con MBH, del 11%.
Aún así, Vox decidió pagar 1,7 millones de euros, que ahora quiere que le devuelva, no el banco vinculado al amigo de Abascal al que se los abonaron, sino el Estado al que proponen minar sistemáticamente en sus campañas que, precisamente, financiaron con ese dinero. La formación ultra alega que el Gobierno se retrasó en el pago de las subvenciones electorales, y que los créditos se corresponden a tapar ese agujero, que cifran en más de 3 millones de euros que aún se les adeudan por anteriores campañas.
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